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Al PSOE no le preocupan las consecuencias electorales de un hipotético indulto del Gobierno al expresidente andaluz, José Antonio Griñán, por el 'caso de los ERE'. La portavoz del Ejecutivo y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha manifestado este lunes que la dirección socialista ... prioriza la «rentabilidad social» a la imagen que esta decisión pueda tener en el ciclo electoral de 2023, en caso de que la medida de gracia afecte a la condena a seis años de cárcel por un delito de malversación de caudales públicos contra Griñán, confirmada a finales de julio por el Tribunal Supremo.
Según la portavoz, el Gobierno no se mueve por criterios electorales, sino por «legalidad, rentabilidad social y atender las necesidades, no haciendo demoscopia de cada una de las decisiones», ha indicado Rodríguez en declaraciones a TVE.
La portavoz del Ejecutivo ha defendido que tienen la potestad legal de conceder indultos, si bien ha puntualizado que todavía no ha llegado el momento de analizar el expediente de Griñán, dado que por ahora solo existe la intención de la familia del expresidente andaluz desde 2009 a 2013 de solicitarlo. «La familia está en su derecho de hacerlo y el Gobierno lo estudiará con detalle, como lo hacemos siempre», ha expuesto Rodríguez sin entrar en mayor detalle.
No obstante, cualquier postura o declaraciones de un alto cargo del PSOE sobre este asunto provoca la inmediata reacción del PP, que considera que el caso Griñán puede causar un desgaste importante a su rival político con la vista puesta en las elecciones municipales y autonómicas de la próxima primavera y de las generales de otoño siguiente.
Así, el coordinador general de los populares, Elías Bendodo, ha avisado este lunes al Gobierno de que indultar a Griñán sería «difícil de entender» y «muy difícil de explicar». «Que el PSOE indulte al PSOE sería un escándalo», ha apostillado.
En rueda de prensa en la sede nacional de la calle Génova, Bendodo cree positivo que «los españoles conozcan la dimensión» del caso de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) de Andalucía, que a su juicio es «el mayor caso de corrupción en el país», ya que «el dinero del paro fueron utilizados para EREs fraudulentos, con quince políticos del PSOE condenados«.
A su juicio, el Ejecutivo está ya preparando el terreno para aplicar medidas de gracia, empezando por Griñán, y ya ha adelantado la oposición del PP porque supondría que el PSOE «indulta» al PSOE andaluz. «Sería un escándalo», ha sentenciado.
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