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El PSOE y Unidas Podemos se han dado una semana más para desatascar la reforma de la ley de seguridad ciudadana, conocida como 'ley mordaza', que se encuentra varada desde hace más de un año en el Congreso en el trámite de presentación de enmiendas. ... Los socios de Gobierno se habían emplazado para desbloquear este martes en la Mesa de la Cámara la situación, pero los socialistas se echaron atrás y solicitaron en el último momento otra prórroga -la 41 en lo que va de legislatura- para intentar pactar con los morados un paquete de enmiendas.
El nuevo aplazamiento ha indignado al PNV, grupo proponente de la derogación y socio preferente del Ejecutivo para la negociación presupuestaria, que tenía las garantías de la Moncloa de que la reforma comenzaría a rodar este martes. «Y una vez más se prorrogan los plazos de enmienda a nuestra reforma de la ley mordaza ¿Pero no habían dicho que se desbloqueaba? En fin», lamentó en Twitter el portavoz nacionalista, Aitor Esteban.
Desde el grupo vasco aseguran que dos ministros se pusieron a mediados de la semana pasada en contacto con Esteban para comunicarle que se acababa el bloqueo de su proposición de ley en la Mesa y que, además, éste sería el texto que vaya a la comisión de Interior para su debate y posterior envío al pleno de la Cámara. Aunque el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, afirmó que la intención es que no haya más prórrogas a partir del 3 de noviembre, los nacionalistas vascos se muestran escépticos y recuerdan que eso mismo le dijeron a Esteban hace siete días y el desenlace ha sido otra ampliación del plazo de enmiendas.
El PNV lleva desde 2017 exigiendo, sin éxito, poner fin a los aspectos más lesivos de una norma aprobada en solitario por el PP en 2015, cuando gozaba de mayoría parlamentaria absoluta. Su propuesta -que puede ser ampliamente modificada a lo largo del recorrido parlamentario- recoge cambios sustanciales en 44 preceptos de la 'ley mordaza' e incorpora tres disposiciones finales en las que modifica la norma y establece un «procedimiento legal y efectivo» de devoluciones en frontera, «respetando la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional, dando así cumplimiento a demandas continuadas de organizaciones protectoras de derechos humanos».
Este último punto es el que, según las fuentes consultadas, está camino de provocar otro choque entre los socios de Gobierno. El Constitucional avaló las llamadas 'devoluciones en caliente', con algunas precisiones, y el PSOE mantiene la intención de aplicar este tipo de entregas de migrantes en frontera. Unidas Podemos, por contra, considera que este tipo de devoluciones atentan contra los derechos humanos e impiden analizar caso por caso las razones de los migrantes y tramitar las peticiones de asilo que correspondan.
El resto de los puntos conflictivos hacen referencia a los registros corporales; al tiempo que puede ser retenida una persona para su identificación; a las grabaciones de la Policía en las protestas callejeras o a la elevada cuantía de las sanciones por faltas leves y graves.
Los morados plantean una revisión «en profundidad» de las infracciones que se recogen en la 'ley mordaza' de manera que se respete el derecho de manifestación y de la libertad de expresión. Quieren ajustar las cuantías de las sanciones económicas -las más graves pueden llegar a los 600.000 euros- y poner el foco en el derecho fundamental a la reunión pacífica.
Desde Unidas Podemos insisten en que pese a haber aceptado esta nueva demora eso no quiere decir que vayan a ir de la mano con los socialistas en la mayoría de las enmiendas a la ley. Algunos escollos a día de hoy parecen insalvables.
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