El Gobierno soslaya las consultas legales para renovar el Poder Judicial sin el PP

El Ejecutivo aparca así su intención inicial de que fuese el Consejo de Ministros el que aprobara un proyecto de ley. Lo hace para acelerar los plazos –podría entrar en vigor en dos meses– y, al mismo tiempo, evitar los informes preceptivos, pero no vinculantes, del Consejo Fiscal, del Consejo de Estado y del propio Consejo del Poder Judicial. En estas instancias es muy probable que el Gobierno recibiera algún informe negativo que, aunque no le obligaría a desistir de sus planes, sería un revés político en toda regla.

Desde que Pedro Sánchez vetase el pasado 25 de septiembre la presencia del Rey en la entrega de diplomas a la nueva promoción de jueces en Barcelona, las relaciones con el órgano que preside Carlos Lesmes entraron en barrena. Esas malas relaciones sumadas al bloqueo del PP han llevado al Ejecutivo a buscar una solución drástica.

La portavoz del PSOE en la Cámara baja, Adriana Lastra explicó que han optado por la fórmula de la proposición de ley porque la competencia de elegir a los magistrados «corresponde al Congreso» y, por tanto, la iniciativa debía partir desde las fuerzas que lo componen y no desde la Moncloa. La portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, menos cautelosa, reconoció que la vía elegida «puede aportar una mayor agilidad». Avisó de todas maneras que las dos opciones son «igualmente legítimas y democráticas».

Según la iniciativa registrada, el PSOE y Unidas Podemos pretenden que doce de los veinte vocales del CGPJ puedan ser elegidos con mayoría absoluta en lugar de con los tres quintos de las Cámaras que establece la ley orgánica. Esto sería posible, según la nueva redacción del artículo 572 de la norma que proponen, en una segunda votación en caso de que la primera sea fallida.

El cambio afectaría a la designación de los doce vocales que proceden de la carrera judicial. No sucede lo mismo con los ochos que son designados por el Congreso y el Senado de entre los juristas de reconocido prestigio con quince años de carrera. En este caso, los nombramientos están prescritos por la Carta Magna, en su artículo 122, y exigen la mayoría de tres quintos de ambas Cámaras. Cambiarlo requeriría abrir el melón constitucional.

La propuesta establece además que el órgano pueda renovarse, aunque sea a medias si una de las Cámaras aprueba los nombramientos y la otra no. El texto también contempla la limitación de las funciones del órgano de gobierno de los jueces y que no pueda promover ascensos o designaciones una vez que haya cumplido su mandato. Desde que en diciembre de 2018, el Consejo se quedó en funciones ha designado más de medio centenar de cargos. Los últimos hace dos semanas después de que el Gobierno intentara frenarlos sin éxito. Una «laguna jurídica» que, según el PSOE y Unidas Podemos, «debe ser corregida».

Pese a las críticas de PP, Vox y Ciudadanos, que llevarán la reforma al Constitucional, el portavoz morado en la Cámara baja, Pablo Echenique, defendió «la necesidad de proteger al Poder Judicial del desprestigio y la falta de legitimidad» que, en su opinión, padece tras dos año en funciones. Aunque aún no han iniciado contactos con ningún grupo, los socialistas y Podemos confían en atar los votos de los 188 diputados que pidieron recientemente la renovación del órgano de los jueces.