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El final del curso político había dejado las aguas calmadas entre PSOE yUnidas Podemos. Tres meses después del adiós de Pablo Iglesias, ni siquiera la crisis diplomática con Marruecos o las protestas en Cuba habían dado pie a los enfrentamientos públicos que marcaron la convivencia ... del Consejo de Ministros en su primer año de andadura. Los socios contaban con marcharse de vacaciones con la vista puesta en iniciar las negociaciones de los Presupuestos en septiembre, la pieza clave para asegurar lo que resta de legislatura. Sin embargo, los choques han vuelto a repetirse por tres asuntos concretos:el aniversario de la marcha de España del rey emérito el pasado 4 de agosto, la ampliación del aeropuerto de El Prat y sus consecuencias medioambientales, y la OPAde fondo IFMsobre la empresa eléctrica Naturgy, que recibió el visto bueno del Gobierno el miércoles.
Fue la ministra de Derechos sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, la primera en airear las discrepancias en público. Una vez más, abrió fuego a través de la red social Twitter. En una serie de mensajes calificó de «huida» la salida de Juan Carlos I, que considera «una grave anomalía democrática». El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que almorzaba ese día con Felipe VIen el Palacio de Marivent(Palma de Mallorca), evitó pronunciarse sobre la polémica y puso tierra de por medio entre el Rey y su padre, destacando «el compromiso de Felipe VI»con la renovación de la Corona.
Esa misma jornada, el ala socialista del Gobierno cerró filas en torno a Felipe VI. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, evitó comentar «los mensajes de otras ministras». Pero no todos callaron, la ministra de Defensa, Margarita Robles, que mantiene una disputa personal con Ione Belarra después de que esta la calificara como «la ministra favorita de Vox», rompió el silencio lanzado una pulla a la dirigente morada:«Pone tantos tuits que no los comento».
Este jueves, la portavoz adjunta de Unidas Podemos, Sofía Castañón, elevó las críticas al comparar la situación de don Juan Carlos con la del ex director general de la Guardia Civil José Luis Roldán, que huyó a Laos y posteriormente condenado a más de 30 años de cárcel por varios delitos relacionados con la corrupción. En una entrevista en RNE, señaló que «ni siquiera Roldán, uno de los fugados más famosos de los noventa, estuvo tantísimo tiempo fuera de España».
Este modo de proceder, el de airear las divergencias con los socios de Gobierno, sobre todo a través de las redes sociales, ya fue censurado por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, cuando escenificó su toma de control de la coalición Unidas Podemos en abril. Ante los diputados del grupo parlamentario morado señaló que su deber era «generar sosiego y tranquilidad entre los ciudadanos» y censuró «la política de Twitter».
La también ministra de Hacienda, fiel a su estilo, prefiere debatir las diferencias en privado. Ya lo hizo el martes, un día después de que el Gobierno anunciara como una victoria en el diálogo con Cataluña la ampliación del Aeropuerto de El Prat, sellada en una reunión alternativa a la Cumbre Bilateral Generalitat-Estado y que no estaba marcada en la agenda oficial. Díaz expresó su descontento a la titular de Transportes, Raquel Sánchez, y también a la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, por poner en tela de juicio los «planes verdes» delEjecutivo. Castañón directamente lo calificó de «incongruente», postura que comparte con la alcaldesa de Barcelona y líder de los comunes, Ada Colau.
En Unidas Podemos aún están a la expectativa de ver como se cristaliza un acuerdo con la Generalitat que aún no está cerrado. El principal punto de fricción es el impacto ecológico que pueden tener las nuevas pistas del aeródromo barcelonés, en concreto sobre el parque natural de la Ricarda, que la Comisión Europea exige proteger.
La tercera piedra en el camino es la OPA del fondo australiano IFM Investors sobre la eléctrica Naturgy, que cuenta con la autorización del Gobierno. El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, lo considera, en cambio, como «un craso error» y lo define como una «pérdida de soberanía energética» para España.
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