El Gobierno deshace su reforma del CGPJ para atar un Constitucional de mayoría progresista

La situación actual es la siguiente. El mandato del presidente del órgano garante del cumplimiento de la Carta Magna, Pedro González-Trevijano, de los magistrados Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares y del vicepresidente Juan Antonio Xiol (el único progresista de los cuatro) terminó el 12 de junio. Ahora son el Ejecutivo y el órgano de gobierno de los jueces quienes deben nombrar a sus sustitutos, dos cada uno. Pero la modificación legal llevada a cabo por los socialistas el pasado año, en un intento de forzar al PP a renovarlo, impide que el CGPJ realice sus nombramientos mientras esté en funciones.

La norma, recurrida ante el propio Constitucional por los populares y por Vox, se le había vuelto ahora en contra a Pedro Sánchez. Algunos expertos entienden que, dado que es la propia Carta Magna la que explicita que los doce miembros del tribunal han de renovarse por tercios, los nombramientos que corresponden al Gobierno y al Poder Judicial deben llevarse al mismo tiempo al pleno del organismo garante de los derechos y libertades de los españoles para que este proceda a su ratificación.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, dejó caer hace unas semanas que el Ejecutivo podría proceder a designar a sus dos magistrados en el Consejo de Ministros aunque el Poder Judicial no nombrara a los suyos. Pero era evidente que esa decisión podía derivar en un nuevo choque institucional, porque ya habían trascendido las reticencias de algunos miembros conservadores del Constitucional y sus advertencias de que no validarían unos nombramientos promovidos así.

Aunque en Moncloa cuestionaban que ese veto fuera legal, han preferido evitarlo. La contrarreforma que plantea ahora el Gobierno, adelantada por 'eldiario.es' y confirmada por este periódico, no levantará todas las limitaciones al órgano de gobierno de los jueces que esté en funciones. Seguirá sin poder nombrar presidentes de tribunal o de sala (de audiencias provinciales, tribunales superiores de justicia, Audiencia Nacional y Supremo) y magistrados del alto tribunal. Sin embargo, sí podrá elegir a los dos magistrados del TC que le competen. Y al tramitar la contrarreforma por la vía de urgencia, el Ejecutivo busca zanjar la renovación en julio.

Una vez el CGPJ haya procedido a sus nombramientos, si todo sigue adelante, el Gobierno hará los suyos. Así, la mayoría en el tribunal de garantías -que tiene pendiente la resolución de cuestiones sensibles como los recursos contra la ley del aborto, la ley de eutanasia o la 'ley Celaá'- pasaría de siete a cinco a favor de los conservadores a siete a cinco a favor de los progresistas.

Cabe, en todo caso, que PSOE y PP lleguen a un acuerdo para la renovación pendiente. Los populares se han comprometido a hacer una propuesta en menos de un mes. Los socialistas temen, sin embargo, que el principal partido de la oposición insista en supeditar el pacto a que sean los jueces quienes elijan a más de la mitad de los vocales del CGPJ.