El Gobierno insiste en que no «consentirá» asaltos como el de Ceuta

La vicepresidenta del Ejecutivo no ahorró en epítetos para definir lo ocurrido el miércoles en la ciudad autónoma cuando los agentes fueron agredidos con piedras, ácido de batería, cal viva y heces. «Inaceptable». «Entraron de manera irregular y agresiva». «Es una situación que no vamos a consentir», insistió calvo.

La 'número 2' del Gobierno de Pedro Sánchez defendió la legalidad de las expulsiones en virtud del acuerdo de devolución firmado en 1992 con Rabat. Los 116 deportados fueron «atendidos jurídicamente uno a uno, con todas las garantías propias de un Estado de Derecho. Se les informó de sus derechos y tuvieron un procedimiento de identificación particularizado», apuntó.

Calvo negó que el Ejecutivo tenga una política errática en matería de Extranjería, ofreciendo la entrada a los inmigrantes del Aquarius mientras deporta en menos de 24 horas a los extracomunitarios de Ceuta. La vicepresidenta quiso dejar claro que se trata de dos situaciones «completamente distinta». Por un lado dar una respuesta «segura y humanitaria» a los extracomunitarios que se encontraban en el mar y otra la protección de las fronteras frente a un ataque «violento». «No hemos variado ni un solo ápice», apostilló.

Calvo no quiso - o no pudo- aclarar si el Gobierno volverá a repatriar a inmigrantes si hay más asaltos a los vallados de Ceuta y Melilla. De hecho, altos responsables del Ejecutivo reconocieron ayer que desconocen si Rabat volverá a aceptar la aplicación del convenio de 1992 en el próximo salto.

Por su parte, los doce abogados que el pasado miércoles día 22 atendieron a los 116 inmigrantes que saltaron violentamente la valla fronteriza de Ceuta presentarán un recurso de alzada contra la devolución de estos a Marruecos. La decana del Colegio Oficial de Abogados de Ceuta, Isabel Valriberas, ha explicado que los letrados presentarán recursos de alzada ante el Ministerio del Interior contra la decisión del Gobierno de la nación de aplicar el convenio que España y Marruecos tienen desde 1992 para proceder a la devolución de los inmigrantes llegados de manera ilegal.

Valriberas ha destacado que los abogados tuvieron una comunicación del Jefe de la Brigada de la Jefatura Superior de Policía que se ocupa de cuestiones de Extranjería manifestándoles que se preveían expedientes de devolución, que de hecho se iniciaron el mismo día de la entrada masiva por el perímetro fronterizo. Por eso, se realizaron turnos de asistencia en los que cada uno de los abogados atendió a una media de diez inmigrantes.

«No nos ha dado tiempo a ejercer medidas cautelares», ha explicado Valriberas. «Es la primera vez que se realiza de forma masiva la aplicación de este convenio», dijo en referencia al acuerdo entre España y Marruecos fechado en 1992. Lo que están estudiando los abogados que asistieron a los inmigrantes es si la aplicación de dicho convenio es correcta y si se han conculcado derechos. De esta forma tratan de ver si se puede dejar sin efecto la resolución de devolución.