El PSOE y ERC «avanzan» en la negociación de una mesa de diálogo sobre el «futuro» de Cataluña

Unos y otros justifican su secretismo por la necesidad de salvaguardar las negociaciones hasta que haya un pacto definitivo. Los socialistas temen que tanto la oposición como algunos sectores económicos, o incluso dirigentes de su propio partido que ya han expresado sus recelos ante las conversaciones con un partido cuyo líder está encarcelado por sedición, presionen en contra. El presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán ya admitió este martes su deseo de que la entrevista entre Sánchez y la portavoz parlamentaria de Ciudadanos, Inés Arrimadas, de frutos y haga necesario el concurso de un partido «tan indeseable para la gobernabilidad» como Esquerra. Y el castellano-manchego, Emiliano García-Page, subrayó en la ser que preferiría que «la estabilidad política en España no pase por los desestabilizadores».

El partido secesionista, por su parte, se enfrenta a los posibles reproches de sus propias bases, de la CUP y de JxCat, a quienes en el PSOE ven determinados a dinamitar un eventual pacto. De momento, los republicanos ya han terminado de enterrar cualquier esperanza que pudiera tener Sánchez de una investidura antes de fin de año. Quieren ir con pies de plomo para tener margen de reacción ante cualquier movimiento de los postconvergentes, incluido un adelanto electoral por parte de Quim Torra antes de resultar inhabilitado por desobediencia.

Ese temor ante lo que pueda hacer su socio de Gobierno y rival electoral explica, de hecho, otra parte del breve comunicado de este martes (apenas siete líneas), en el que se asegura que el diálogo sobre Cataluña se abordará «desde el respeto y el reconocimiento institucional mutuo», una frase que cada parte puede interpretar según su conveniencia, pero que permite a los republicanos acallar las posibles acusaciones de traición a la Generalitat.

La actitud cautelosa de ambos partidos también tuvo su reflejo en el hecho de que no se avisara de dónde tendría lugar el encuentro hasta que ya se estaba celebrando (la discreta sede del Área Metropolitana de Barcelona); que Adriana Lastra, José Luis Ábalos, Salvador Illa, Gabriel Rufián, Marta Vilalta y Josep Maria Jové abandonaran el establecimiento por el garaje para no ser vistos o que ni siquiera se informara al acabar, por primera vez desde que empezaron formalmente las reuniones hace quince días, de cuándo ni dónde tendrá lugar el próximo encuentro, que será el cuarto.

Los socialistas, por ahora, mantienen su optimismo sobre las posibilidades de un entendimiento y aseguran que «en los próximos días» se cerrará una nueva cita. Pero también admiten que, aunque nada se haya roto, todo parece «ralentizado» por los republicanos que, además, han complicado aún más las cosas al exigir no ya que se active la «vía política» para resolver lo que ellos llaman y el PSOE ha accedido a calificar de «conflicto» catalán sino que se «desactive la vía judicial».

La demanda de Esquerra comprendería, en principio, desde paralizar las actuaciones de la Fiscalía contra el presidente del Parlament, Roger Torrent, por desobedecer al Tribunal Constitucional, hasta congelar posibles nuevos recursos ante la corte de garantías o incluso evitar que el Ministerio Público se oponga a la clasificación penitenciaria que las juntas de tratamiento otorgue a los presos del 1-O si la considera inadecuada. Aunque el margen del Gobierno para lograrlo es limitado.

La vicepresidenta, Carmen Calvo, sólo aseguró este martes cuando se le inquirió sobre este asunto que no se plantea sustituir a la actual Fiscal General, María Jesús Segarra, como gesto para hacia la formación de Oriol Junqueras. En todo caso, un Ejecutivo en funciones no puede en ningún caso hacer nuevos nombramientos institucionales.

Por otro lado, fuentes del PSOE también admiten que, pese a los avances de los que habla su comunicado conjunto con Esquerra Republicana, aún no se ha hallado exactamente la fórmula jurídica en la que se encajaría la citada mesa de diálogo entre gobiernos y que los socialistas querrían poder vincular a la comisión bilateral recogida en el Estatuto de Autonomía.