Sánchez se arriesga con la reforma del 'solo sí es sí' y pone a la coalición en situación crítica

La decisión coloca al Ejecutivo en una situación extremadamente delicada. Aunque ambas partes insistan en que no tienen intención de romper, la tensión es mayúscula. La responsable de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, apeló este lunes a la alarma social y lanzó un mensaje muy crítico con la postura de Montero. «Esto no va de cesiones ni de egos ni de relatos. Comprendemos y acompañamos a todas la víctimas y porque creemos firmemente en esta ley –adujo– creemos necesario mejorarla». Podemos, por su parte, llegó a advertir de que hará lo que «haga falta» para impedir que la iniciativa prospere sumando a su posición al bloque de investidura.

Los aliados habituales –ERC, Bildu, PNV, Más País, Compromís...– mantienen por el momento una actitud prudente a la espera de analizar la propuesta elaborada por el Ministerio de Justicia. Pero si se alinearan con los morados, la llave la tendría el PP, y que el principal partido de la oposición salvara a Sánchez en una cuestión tan medular para la izquierda haría temblar los cimientos del Ejecutivo. «Sánchez lo pagará», llegó a advertir el aún influyente exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, hace unos días.

El portavoz socialista en la Cámara baja, Patxi López, afirmó que su partido no tiene intención de negociar «nada» con los populares, pero tampoco rechazó sus votos 'gratis'. Es decir, la opción de dar marcha atrás y retirar su propuesta si esa es la única posibilidad de cambiar la ley no está, por el momento, sobre la mesa. «Nosotros –recordó a los morados– hemos tenido discrepancias con algunas leyes como la 'ley trans' y aceptamos la decisión de este Parlamento. Esperamos de todos lo mismo».

Los socialistas ya habían advertido de que tenían prisa y estaban dispuestos a dar el paso de llevar en solitario su propuesta al Parlamento el lunes pasado, tras dos meses de discusión privada (e infructuosa) entre el Ministerio de Justicia y el de Igualdad, pero los actos reivindicativos de Montero este fin de semana les convencieron de que no tenía sentido esperar más. Sus socios, sin embargo, les echan en cara que no les informaran el domingo por la noche de sus intenciones. Durante la última semana ambas partes aseguraban que su objetivo era alcanzar un acuerdo y no dejaron de intercambiar propuestas, pero una y otra vez chocaban en el mismo punto.

Justicia defiende que la única «solución técnica» viable –no ya para impedir unas revisiones de condena a las que ya no se puede poner freno, sino para que agresores futuros no tengan un castigo inferior al que se habría impuesto antes de que el 7 de octubre entrara en vigor la legislación de la discordia– pasa por introducir un subtipo que contemple las horquillas anteriores en todos los supuestos de agresión sexual cometidos con «violencia e intimidación». Podemos, que accedió a regañadientes a subir las penas pese a insistir en que la norma está «bien hecha», replica que esa fórmula supone 'de facto' volver «al Código Penal de La Manada» y «cargarse el consentimiento» como eje central de la ley, algo que la parte socialista rechaza.

Fuentes del Ministerio de Justicia sostienen que los planteamientos de los morados han «desenfocado el problema» y que el gran avance de la ley de garantía integral de la libertad sexual está en el artículo 178.2, que considera «en todo caso» agresión sexual los actos de contenido sexual que se realicen empleando «violencia, intimidación o abuso de una situación de superioridad o de vulnerabilidad de la víctima, así como los que se ejecuten sobre personas que se hallen privadas de sentido o de cuya situación mental se abusare y los que se realicen cuando la víctima tenga anulada por cualquier causa su voluntad». Eso implica, subrayan, que si se prueba que ha habido violencia ya no haya que probar que no hubo consentimiento previo.

Además, argumentan que es lógico que exista una graduación de las penas en función de la gravedad de los hechos cometidos y que no se puede castigar igual un caso en el que haya habido violencia y uno en el que no. «Nosotros construimos leyes, no relatos –se defienden además de los reproches de Podemos–. Los jueces aplican leyes, no relatos. Y lo que cambia la vida de la gente son las leyes, no los relatos». Las mismas fuentes admiten, en todo caso, que la subida de penas que ahora se propone obedece fundamentalmente a una «decisión política». «En esto hay que tener valentía y determinacíón y hay que hacer lo que se tiene que hacer», alegan.

La delegada de Gobierno contra la Violencia de Género y exdiputada de Podemos, Victoria Rosell, aseguró sin embargo que la iniciativa socialista podría dar lugar a una «segunda ola» de revisiones de condena cuando las provocadas por la ley en vigor están ya, adujo, terminando.