El veto del PP al juez De Prada, principal escollo en la renovación del CGPJ

Los populares consideran que sería «un fraude de ley» la elección de De Prada ya que este juez no ha sido elegido por sus compañeros dentro del turno judicial ni ha recogido apoyos para ello. Por tanto, defienden que sería un magistrado que pretende entrar al CGPJ «por la puerta de atrás, por el turno de juristas, sin haber recabado los avales suficientes de sus compañeros». «Cuando Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se aclaren en sus peleas internas, que nos llamen. Sánchez no puede pretender reforzar su coalición con Podemos a costa de sacrificar la justicia española», señalaban los de Casado en un comunicado.

Los versiones que dan ambas partes sobre este nuevo frenazo a la renovación del CGPJ, en funciones desde 2018, son indénticas, salvo en un apunte: el orden de los actores que negocian las renovaciones de estos órganos constitucionales. Para el PP, las conversaciones son solo entre ellos y el PSOE. Por el otro lado, no obstante, se remarca que es el Gobierno y los populares los que están sentados sobre la mesa. Y el Gobierno incluye en la ecuación a Unidas Podemos, vetados por el PP a su vez.

En lo que sí coinciden (ya sean PSOE-PP o Gobierno-PP), es en que se «han mantenido contactos telefónicos y reuniones durante el jueves para intentar alcanzar un acuerdo para la renovación del CGPJ, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y la Agencia Española de Protección de Datos».

Unidas Podemos, por su parte, ve «rotas» las negociaciones. Los de Iglesias acusan al PP de torpedear el acuerdo con sus vetos para mantener «el secuestro» del órgano de gobierno de los jueces y así, según indican, «sobrevivir» a los casos judiciales que afectan al partido. El presidente del grupo parlamentario morado, Jaume Asens, ha ido este viernes más allá y critica la «incongruencia de que el PP hable de despolitizar el órgano mientras traslada nombres que, a su juicio, están muy asociados a la formación, como el caso de los magistrados Alejandro Abascal o María Tardón».

Las conversaciones abiertas hace apenas dos semanas por Pedro Sánchez y Pablo Casado, pasado el fragor de la batalla electoral catalana, ya han dado en todo caso un primer fruto. El Congreso designó ayer con los votos de socialistas, populares, Unidas Podemos y PNV a seis de sus diez nuevos consejeros, entre ellos, el que ejercerá como presidente en sustitución de Rosa María Mateo, José Manuel Pérez Tornero. Los otros cuatro, sobre los que también hay acuerdo, serán designados por el Senado.

Este primer entendimiento, alcanzado contrarreloj tan solo unas horas antes de que se cerrara el plazo de votación habilitado por vía telemática para los diputados, suponía 'a priori' un ejercicio de buena voluntad por ambas partes y da una pista de lo que puede estar por venir. Entre los nuevos consejeros habrá cuatro elegidos a propuesta del PSOE (el presidente, Elena Sánchez –ex secretaria general en el equipo de Mateo–, Ramón Colom y Conchi Cascajosa); tres a propuesta del PP (Jenaro Castro, Carmen Sastre y Consuelo Aparicio), dos de Unidas Podemos (José Manuel Martín Medem y Roberto Lakidain) y uno del PNV (Juan José Baños).

Al igual que en los anuncio posterior, en el comunicado en el que informó del acuerdo, el PP se limitó a afirmar que su pacto es con los socialistas. Pero fuentes de la Moncloa se felicitaban ayer de haber conseguido no solo que los populares aceptaran un Consejo de Administración en el que se sienten consejeros propuestos por la formación de Pablo Iglesias sino que también sus socios de coalición estuvieran dispuestos a participar de un acuerdo con el partido de Pablo Casado. La misma fórmula se quiere intentar para acabar con la interinidad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que debía haber sido renovado en diciembre de 2018.

A pesar de que el PP ha hecho del veto a Unidas Podemos uno de sus principales caballos de batalla, en el Gobierno insisten en que esta formación elegirá dos de los veinte vocales del órgano de gobierno de los jueces. Otro corresponderá a los nacionalistas vascos, aunque en este caso la plaza saldrá de la cuota del PP. Los socialistas se asegurarían así la mayoría progresista, con ocho vocales de su designación, dos de su socio y la presidencia, que recaerá en una mujer.

Sobre la mesa vuelven a estar muchos de los nombres que ya se pactaron hace dos años, antes de que el whatsapp en el que los populares se jactaban de ir a controlar la sala de lo Penal por la «puerta de atrás» hiciera saltar el primer pacto entre Sánchez y Casado por los aires. No el del magistrado elegido para la presidencia, Manuel Marchena, que rechazó formar parte del Consejo al conocer el polémico mensaje, pero sí los de jueces como Pilar Teso y Ana Ferrer, posibles presidentas, Juan José González Rivas, José Manuel Sieira, José Antonio Montero, Ramón Arozamena, Alejandro Abascal, Ignacio Espinosa, Esther Erice, Inmaculada Montalbán, José María Fernández Seijo o Gema Espinosa.

El principal partido de la oposición ya ha dejado claro que no aceptará nombres vinculados con Podemos, como el de su exdiputada y hoy delegada del Gobierno para la violencia de género, Victoria Rosell, o Ricardo de Prada, uno de los dos jueces que condenaron al PP como partícipe a título lucrativo de la trama 'Gürtel', de modo que la salida podría estar, como apuntaban hace tiempo en el PSOE, en la elección de magistrados de sensibilidad progresista no tan significados.

En todo caso, la posición de fuerza de los de Casado en la negociación del CGPJ es mayor que en la de RTVE, que habría podido renovarse en segunda votación sin su concurso, como ocurrió en 2018, solo con mayoría absoluta y el respaldo de cinco grupos. La renovación del Poder Judicial exige una mayoría reforzada de tres quintos que el PSOE ha preferido no cambiar pese a haber amagado con hacerlo y pese a la insistencia de Podemos en dar ese paso.

Al margen de este asunto, los dos grandes partidos mantienen conversaciones a través del secretario general de Presidencia, Félix Bolaños, y del secretario general del PP, Teodoro García Egea, para la renovación del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, la Agencia de Protección de Datos y el Defensor del Pueblo, que el PSOE querría encomendar al exministro de Educación y líder de la oposición en Madrid, Ángel Gabilondo.

Tanto Ciudadanos como Vox se mostraron ayer muy críticos con ambas formaciones a las que acusaron de «repartirse»las instituciones. El partido de Santiago Abascal optó incluso por la mofa al grito de «¡Que se besen!».