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Pedro Sánchez dio este miércoles un paso aparentemente nimio, pero de enorme importancia simbólica. En un gesto que busca conjugar los difíciles equilibrios sobre los que pretende hacer prosperar su investidura, el presidente del Gobierno en funciones descolgó el teléfono y llamó a Oriol Junqueras, ... el líder de ERC indultado en 2021 de las penas de cárcel impuestas por el Tribunal Supremo por su implicación en el 'procés' pero aún inhabilitado hasta 2031 para ejercer cargos públicos. Es una señal más de que la negociación con el independentismo catalán, que tiene la amnistía a los encausados del 'procés' como eje central, prospera. Aunque los republicanos advirtieran de que en ningún caso comprometerán de antemano un apoyo para toda la legislatura, como pretende el PSOE y como expresamente pidió Sánchez a su líder.
La estrategia en la que ha decidido embarcarse el jefe del Ejecutivo para poder seguir en la Moncloa es enormemente arriesgada. La amnistía no solo tiene en pie de guerra a la oposición, también levanta ampollas en su propio partido, especialmente entre dirigentes de la época de Felipe González; y despierta como poco incomodidad en parte de su base electoral. Por eso, en las últimas semanas, el jefe del Ejecutivo ha andado con pies de plomo a la hora de dar pasos en público que lo comprometieran irremediablemente con la medida y condicionaran su discurso en caso de las cosas se le tuerzan y se vea abocado a una repetición electoral el 14 de enero.
El reconocimiento a Junqueras como interlocutor busca dar protagonismo a ERC. Para los socialistas es peligroso que los republicanos se sientan relegados frente a Junts, con quien mantiene una fiera competición por el voto independentista, porque en un intento de sacar cabeza pueden acabar elevando el precio de la investidura. Así se vio hace dos semanas, cuando los dos partidos impulsaron una resolución en el Parlament que situaba el referéndum como exigencia para la investidura. Un episodio que ahora todas las partes creen encauzado.
Pero la llamada de Sánchez es también uno de esos pasos que lo atan, como lo fue dejar caer que sería «coherente» con su política de «normalización» en Cataluña; como lo fue decir, en Nueva York el 20 de septiembre, que nunca estuvo de acuerdo con «judicializar» una «crisis que era política», a pesar de haber defendido en 2018 que los líderes del 'procés' habían cometido un delito de rebelión; y como lo fue mencionar por primera vez la palabra maldita –amnistía– el pasado viernes ante los máximos representantes de la UE, Ursula Von der Leyen y Charles Michel, y defender la necesidad de «superar las consecuencias judiciales» de lo vivido en 2017.
Dos años después, cuando, a cambio de que ERC le facilitara la investidura, accedió a poner en marcha una mesa de diálogo con la Generalitat y se comprometió a someter a la «consulta de la ciudadanía de Cataluña» los acuerdos que eventualmente pudieran alcanzarse, no tuvo –al menos no públicamente– una conversación similar con el líder republicano, entonces en prisión preventiva. Aunque sí hay una foto de ambos en el Congreso, el día en el que se constituyeron las Cortes, en la que se ve a Junqueras dándole la mano. «Tenemos que hablar», le dijo. Si llegaron a hacerlo no trascendió. Junqueras sería días después suspendido como diputado tras un tira y afloja entre el Supremo y la Cámara baja sobre quién debía tomar esa decisión. Y quien sí le visitó en la cárcel fue el entonces vicepresidente, Pablo Iglesias.
Esta vez las cosas son distintas. El vuelco que Sánchez ha dado al panorama político ha sido de tal envergadura y se ha producido tan rápido en la última legislatura, que, como ocurre con el hecho de que ahora esté dispuesto a sentarse con Bildu – se reúne el viernes con su portavoz parlamentaria, Mertxe Aizpurua–, los socialistas han conseguido crear una nueva «normalidad». Ese el término empleado tanto por el PSOE como por ERC en los comunicados simultáneos y casi idénticos con los que informaron de la conversación entre sus líderes.
Ahora la siguiente meta volante es la homologación de Carles Puigdemont, con el que, en un claro paralelismo con lo ocurrido en 2019, la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, se entrevistó el 4 de septiembre en Bruselas. Ni en Moncloa ni en el PSOE desvelan si entre los planes del presidente está también llamarle o enviar a algún dirigente de segunda línea a sellar el eventual acuerdo. El portavoz socialista, Patxi López, se limitó a afirmar que «no le consta» que esa sea la previsión del jefe el Ejecutivo.
Lo deprisa que puedan ir a partir de este momento los acontecimientos para que Sánchez se presente a la investidura es aún una incógnita. La consejera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, afirmó que la negociación «está madura», pero que su exigencias sobre la gestión de Cercanías, no. Y Gabriel Rufián no mostró excesivo optimismo tras reunirse con el presidente en el Congreso dentro de la ronda que éste ha abierto con todos los grupos menos Vox. «Podemos estar aquí hasta el último día –dijo– y lo siento porque no es por nosotros».
Si algo quedó claro en su intervención , en todo caso, es que para ERC que el PSOE no se comprometa con la autodeterminación de Cataluña ahora y opte por una fórmula ambigua como la de 2019 no es un problema. «Hace cuatro años hablar de la amnistía era una quimera. Es bastante probable que de aquí a un tiempo – vaticinó- el referéndum también deje de serlo. Dependerá de nuestra fuerza».
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