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Miércoles, 11 de abril 2018, 10:48
El abogado del profesor Alfredo Allué, Antonio García, ha avanzado este miércoles que su representado emprenderá acciones legales contra la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) por la firma «falsa» del docente que aparece en las actas de convalidación de asignaturas de la presidenta de la ... Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.
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En declaraciones a Antena3, el letrado ha explicado que el profesor Allué le ha encargado «que haya un estudio de lo que se puede hacer y adelante todas las acciones que procedan».
El propio docente expresó este martes su malestar tras la difusión de ese acta de convalidación de asignaturas en la que aparece una firma que no reconoce como suya como profesor de un máster en el que no tuvo mayor participación que unas clases.
«Di cuatro horas de clase un viernes y me volví al día siguiente; no tuve más relación con ese máster. Luego me he enterado de que yo estaba en un comité de garantías, que había actas y también exámenes. Esa firma no es mía, esa firma es falsa», aseguró Allué.
La profesora Laura Nuño, que dimitió este martes como subdirectora del Instituto de Derecho Público (IDP) de la URJC por el escándalo relativo al máster de Cifuentes, asegura que su firma en las actas que convalidaban asignaturas a la presidenta regional «debe ser falsificada».
«(La firma) No es la mía ni el documento lo conozco, la primera vez que lo he visto ha sido en eldiario.es», ha señalado en declaraciones a la Cadena SER, en relación al medio que difundió ese acta elaborada en el año 2012 que convalidaba varias materias a Cifuentes para cursar ese máster.
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Nuño dice no tener «la más remota idea» de quién ha podido falsificar su firma, pero tiene claro que no es la suya. Según ha explicado, cuando el documento se difundió no recibió «información de nadie» y los datos que tiene sobre lo sucedido son los difundidos por los medios de comunicación.
«Nadie de la Universidad se había puesto en contacto conmigo, nadie me había dado explicaciones», ha asegurado Nuño, que era la número dos de Álvarez Conde, director del Instituto de Derecho Público y del máster que está en cuestión.
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