Las prisas de Sánchez dejan fuera de juego al Senado y los órganos consultivos

La Cámara alta dio su visto bueno en cuestión de días y sin un solo cambio a los proyectos aprobados en el Congreso de Presupuestos Generales del Estado y la Ley Orgánica de modificación de la Ley de Educación o ley Celaá. Mientas que la ley de eutanasia llegó al Congreso, y se aprobó, sin el dictamen del Consejo de Estado. La oposición acusa al Gobierno de «amordazar» al Parlamento y de prescindir de la supervisión de los órganos consultivos establecidos en la Constitución.

El portavoz socialista en el Senado, Ander Gil, pidió «respeto» el pasado martes a la aprobación de las Cuentas de 2021 con el voto favorable del 55% de la Cámara sin admitir ni una de las más de 3.500 enmiendas de la oposición. Hace tres años, el mismo senador acusó al Gobierno del PP de haber tirado «por el sumidero» las 6.200 enmiendas presentadas por la oposición cuando Mariano Rajoy optó también por el paso rápido e inmaculado para los Presupuestos por la Cámara alta. En 2017, los representantes del PP defendieron con ardor el procedimiento de su Gobierno, esta semana hablaron de «teatro». La misma estrategia, distintas valoraciones. O como dice el refranero, «cada uno cuenta de la feria como le va en ella».

El Senado no solo fue una cámara de atrezo con los Presupuestos, con la ley Celaá desempeñó idéntico papel. Las 647 enmiendas de la oposición se fueron a la papelera por la negativa de PSOE, Unidas Podemos, Esquerra, PNV a discutirlas.

El Ejecutivo de Sánchez puso en marcha el rodillo en ambos caso por las prisas para no comenzar el año con la cuenta parlamentaria de resultados huérfana de éxitos. Una tramitación al uso habría obligado a prorrogar, aunque fuera por unos días, las Cuentas de 2018 y la ley Celaá se habría ido hasta febrero. De esta forma, el Gobierno de coalición puede exhibir en su escaparate dos piezas valiosas a costa de devaluar más la ya triste imagen de la Cámara alta.

Estas mismas urgencias han llevado al Gobierno a prescindir de las consultas al Consejo de Estado o el Consejo General del Poder Judicial de sus dictámenes en dos iniciativas notables, la ley de eutanasia y la reforma del propio gobierno de los jueces para impedir que haga nombramientos una vez que expire su mandato, que en este caso concluyó hace dos años. El regate ha sido posible gracias a una argucia parlamentaria. El Gobierno renunció a presentar un proyecto de ley, que habría obligado a requerir los informes de los órganos consultivos, y dejó la iniciativa a los grupos parlamentarios de PSOE y Podemos, que firmaron sendas proposiciones de ley para las que no son necesarias la opinión de los consejos.

Los informes del Consejo de Estado son necesarios, según la ley que regula su funcionamiento, para asuntos de «especial trascendencia y repercusión». La eutanasia afecta al capítulo de derechos fundamentales recogidos en la Constitución. La reforma del Poder Judicial impacta de lleno en un órganos constitucional, y el Consejo de Estado vela por «la observancia» de la Carta Magna. Parecería, por tanto, que el Gobierno estaba obligado a acudir a este órgano consultivo en ambos casos si hubiera seguido el conducto del proyecto de ley. Con la proposición de ley de los grupos parlamentarios se ahorró un dictamen con serias posibilidades de ser contrario a los intereses gubernamentales. Ya le ocurrió a Rajoy en enero de 2018, cuando intentó vetar de forma preventiva la investidura de Carles Puigdemont. Sánchez no ha querido arriesgarse al mismo tropezón, porque si bien los informes no son vinculantes, el rechazo tiene un coste político.

Con la fórmula de la proposición de ley también ha soslayado el dictamen del Consejo General del Poder Judicial sobre su funcionamiento en tiempos de interinidad. El Consejo pretende, de todas maneras, hacer oír su voz en el Parlamento para exponer sus razones contrarias a la limitación de sus funciones, pero es improbable que el Congreso dé audiencia a su demanda.

Los del Senado y los órganos consultivos no son excepciones a la norma. El Gobierno ha dictado a lo largo de este año una treintena de decretos-leyes para afrontar las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, y en nueve de ellos el Congreso exigió para aprobarlos que se tramitarán como proyectos de ley. Y ahí siguen.