En determinados territorios no habrá alternativa. Pese a los recelos que pueda generar Vox como compañero de viaje, los barones del Partido Popular (PP) asumen que el día después de las elecciones municipales y autonómicas algunos de ellos se verán obligados a intentar cerrar acuerdos ... con la extrema derecha, además de Ciudadanos, para suplir con pactos el retroceso en número de votos. «Las cosas están así -apunta un dirigente veterano- y de nada vale negarlo». En realidad, Andalucía ha sido sólo la primera etapa de la carrera de Pablo Casado hacia la Moncloa. El presidente del partido tiene claro que el modelo que ha funcionado en la casilla de salida, volverá a aplicarse allí donde sea necesario para alcanzar la meta final, que no es otra que desbancar a Pedro Sánchez.
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En los sectores más moderados del PP el discurso de Vox incomoda. Fuentes de la formación agradecen que el documento que finalmente firmó el partido en Andalucía esta semana para facilitar la investidura de Juanma Moreno apenas tuviera que ver con la primera propuesta de la formación de Santiago Abascal. La fotografía misma del acuerdo con quienes 24 horas antes abogaban por la derogación de las leyes autonómicas de género y la normativa para garantizar los derechos del colectivo LGTBI disgusta a algunos cargos conservadores. Pero la fragmentación política actual, reconocen mayoritariamente, aboca a pactar.
Aun así, los barones dejaron claro esta semana, incluso en público, cuáles deben ser las líneas rojas ante Vox. Lo hicieron, con más contención o más contundencia, el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo; el de Murcia, Fernando López Miras; la responsable de los populares valencianos, Isabel Bonig; y el líder del PP vasco, Alfonso Alonso, que llegó a opinar que a los de Abascal les falta recorrido y «un hervor». Todos salieron a blindar el pacto político contra la violencia de género, un asunto en el que defendieron la necesidad de no dar «ni un paso atrás».
En la sede central de la calle Génova, donde son partidarios de «no pisar la manguera» a sus socios, insistieron en que «de ninguna manera» se cedería ante las propuestas de máximos de Vox y la vicesecretaria de Comunicación, Isabel Díaz Ayuso, llamó a los dirigentes autonómicos, provinciales y locales a «abstenerse» de comentar en directo las negociaciones. Pero en privado, cargos territoriales llevaban días advirtiendo de que Casado y su equipo ya habían caído en la tentación de conceder a la extrema derecha el debate sobre la «violencia doméstica» aun a riesgo de que eso desdibujara el problema social del maltrato a la mujer.
En todo caso, el resultado de las negociaciones con Vox, encabezadas por el secretario general, Teodoro García Egea, ha contribuido, por ahora, a calmar las aguas internas. Que no sólo la derogación de la normas de género, sino que cualquier reforma legal sobre esta materia quedara fuera del acuerdo final, tranquilizó a las filas populares. Lo genérico del texto, que compromete a poco, ha ayudado, además, a que las organizaciones territoriales vean más sencillo llegar a acuerdos futuros con el partido de la extrema derecha.
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Ya no sólo por el contenido, sino por la rapidez con la que Vox renunció a que en el pacto figurara el grueso de su propuesta y en los términos en los que la había redactado, con una devolución explícita de competencias al Estado y con la cifra de los 52.000 supuestos inmigrantes irregulares que, a su entender, deberían ser expulsados de Andalucía. Fuentes populares están convencidas de que sus ahora socios parlamentarios sólo buscaban una «campaña exprés de marketing» a cuatro meses de las elecciones autonómicas. «Ellos colocaron el mensaje, que es lo que querían», apuntan. Otras voces llaman, además, a la cautela. «Es lo mismo que le pasó al PSOE con Podemos -advierten- y hay que tener cuidado para que Vox no acabe aprovechándose de las contradicciones internas que puede generar en el PP».
En la dirección nacional, más que temor, se ve en el surgimiento de un nuevo socio una «oportunidad». Allá donde va, Casado, que mañana cierra en Madrid su gira de presentación de candidatos, pone Andalucía como ejemplo y ensalza la capacidad del PP de llegar a acuerdos con Ciudadanos y Vox. De hecho, presume de no permitir, tampoco en los pactos, que se le «imponga la agenda» de otros.
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Desde luego, las circunstancias en cada comunidad, la aritmética, en definitiva, será distinta. En algunas, como en Castilla y León, el PP cree que su implantación podría ser una ventaja -sobre todo en el mundo rural- respecto a un intento de Vox de penetrar en la región. Pero en Madrid o en Valencia ya han tomado nota. En el primer territorio, sobre todo, no descartan tener que pactar con los dos partidos de la derecha para resistir en el Gobierno. En el segundo, bastión tradicional de los conservadores, perdido en las últimas elecciones, también pueden necesitar sumar a tres para recuperar el poder.
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