Traslado de los presos del 'procés' a la cárcel de Lledoners el 29 de junio tras concluir el juicio. EP

Los presos del 'procés' buscan trabajo para salir unas horas al día

Instituciones Penitenciarias de la Generalitat decidirá la próxima semana su régimen carcelario

cristian reino

Barcelona

Jueves, 5 de diciembre 2019, 19:31

Los presos del 'procés' están buscando trabajo para poder, en función del régimen penitenciario que se les asigne, salir algunas horas de la prisión durante el día. El próximo 14 de diciembre se cumplirán los dos meses desde que se hizo pública la sentencia ... del Supremo contra los doce líderes del independentismo juzgados, nueve de los cuales fueron condenados a penas que van de los nueve a los trece años. A los dos meses de conocerse las penas las juntas de tratamiento de las prisiones catalanas donde están encarcelados los nueve dirigentes secesionistas condenados tienen que decidir su clasificación penitenciaria.

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Todos ellos están condenados a penas de prisión y a la inhabilitación absoluta, por lo que no pueden ocupar ningún cargo en el sector público. No podrían, por ejemplo, regresar a sus puestos como profesor universitario en la UAB en el caso de Oriol Junqueras o como adjunto al Síndic de Greuges, en el de Jordi Sànchez. Deben buscar trabajo, por tanto, en el sector privado. TV3 informó este jueves que Quim Forn y Josep Rull, ya se han puesto manos a la obra para buscar trabajo en la empresa privada. Ambos son licenciados en derecho, aunque siempre se han dedicado a la política.

El abogado de Joaquim Forn cree que su cliente debería tener ya el tercer grado

En lo que respecta a Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, condenados a nueve años de cárcel, a mediados de enero ya habrán cumplido una cuarta parte de su pena, por lo que ya podrían acogerse a permisos ordinarios. Está por ver cuál es su decisión, porque por ejemplo Cuixart, que es empresario y no tiene que buscar trabajo, afirmó en el mes de septiembre que su intención es cumplir «íntegramente» la pena y que no se acogerá a ninguna reducción penitenciaria. «Esta gente saldrá a la calle en breve, porque se tendrá que aplicar la ley. Cumplirán gran parte de la condena en un régimen de semilibertad, como Urdangarin», dijo recientemente el abogado de Quim Forn, Xavier Melero.

El letrado afirmó incluso que su cliente, condenado a diez años, debería poder salir ya estas navidades. Si no es así, cree que sería discriminatorio con respecto a Urdangarin, el ejemplo que todo el independentismo lleva días mentando. También el de Oriol Pujol, condenado a dos años y medio de prisión por cobrar comisiones de empresarios.

En el segundo grado, que es el que se suele aplicar a la mayoría de los presos, podrían salir de permiso 36 días al año, siempre que hubieran cumplido una cuarta parte de la condena. Algunos de ellos están cerca de ello. Para este supuesto, existe el artículo 100.2 del reglamento penitenciario, según el cual el preso puede salir durante el día para ir a trabajar o para hacer voluntariado. Es el caso de Oriol Pujol. Aunque poco después también se le concedió el tercer grado.

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Este es un régimen de semilibertad, pues permite salir a diario de la cárcel y volver para dormir. Melero dijo que con la ley en la mano algunos de los presos ya deberían ser clasificados en el tercer grado penitenciario. La decisión es técnica. Corresponde a la junta de tratamiento de cada centro penitenciario, formada por funcionarios, en este caso de la Generalitat, que es la titular de las cárceles catalanas, lo que podría levantar suspicacias. Aunque la Fiscalía podría oponerse y recurrir la decisión al juez. De ocurrir, pasaría en medio de las negociaciones entre el PSOE y Esquerra Republicana para la investidura de Pedro Sánchez. Y una de las exigencias de los republicanos es que el Estado ponga fin a lo que el independentismo califica como «represión».

Expulsan de la causa por las cargas del 1-O al Consistorio de Colau

La Audiencia de Barcelona decidió este jueves expulsar al Ayuntamiento de la capital catalana de la causa que el Juzgado de Instrucción 7 instruye por las cargas policiales del 1 de octubre, en la que el Consistorio estaba personado como acusación popular. El Ayuntamiento de Ada Colau recibió ayer el auto con la decisión del tribunal. «Es una muy mala noticia para los más de 300 vecinos heridos», subrayó Marc Serra, concejal de Derechos de Ciudadanía y Participación. El edil resaltó que «se ha conseguido identificar a 50 agentes que ya están imputados», entre ellos mandos policiales.

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