PP y Ciudadanos se alían y llevan al Constitucional el decreto lingüístico catalán

Ambos dirigentes contactaron durante la campaña andaluza y acordaron sumar esfuerzos para llevar ante el Tribunal Constitucional el incumplimiento de la sentencia del TSJC delegando las negociaciones en sus números dos respectivamente, Cuca Gamarra y Edmundo Bal. Según las fuentes consultadas, fue la líder naranja la que tomó la iniciativa al ofrecer a Feijóo que el PP, que no tiene grupo propio en el Parlament, se uniera al recurso de Ciudadanos frente al Consell de Garanties Estatutàres catalán. «Seguiremos siendo implacables contra el separatismo que está asfiziando a los constitucionalistas», ha dicho Arrimadas en una rueda de prensa en Barcelona.

En el documento presentado, amba formaciones argumentan que el decreto aprobado en la Cámara autonómica es inconstitucional. En concreto, exponen que afecta a los artículos 2 (a y d), 3.1 y el 4.1 del Decreto Ley de Cataluña 6/2022 por el que se fijan los criterios aplicables a la elaboración, aprobación, validación y revisión de los proyectos lingüísticos de los centros educativos, así como a los artículos 2.1 y 2.4 de la Ley catalana 8/2022, sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria.

Populares y liberales insisten en que el recurso no pone en cuestión la competencia autonómica de la enseñanza, pero sí se deja claro que esa competencia no puede confundirse con el uso de las lenguas cooficiales. Argumentan que con su decreto, el Ejecutivo de Pere Aragonès invade una competencia estatal« al dar potestad a la Generalitat para «decidir sobre lenguas cooficiales».

El otro argumento sobre el que fundamentan su recurso PP y Ciudadanos es que se aprobara por vía decreto por su «extraordinaria urgencia». Ambas formaciones creen que se trata de «una respuesta directa» para incumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El propio conseller de Educación, Josep González-Cambray, dejó claro que su aprobación tenía como objetivo «proteger el catalán» frente a la sentencia del TSJC que blindaba el castellano en las aulas.

En cocreto, en su recurso los dos partidos de centroderecha consideran que la justificación de la Generalitat para utilizar un cecreto ley, alegando que es para preparar el curso escolar 2022-2023, no es válida, dado que considera que «en realidad, la inaplazable urgencia que predica el Decreto es la pretendida cobertura jurídica para eludir el inmediato cumplimiento de la sentencia del TSJ de Cataluña 201/2020 respecto de la que se ha suscitado incidente de ejecución que obliga a la Generalitat a ejecutarla».