El PP engrasa el Senado para convertirlo en escenario de oposición al Gobierno

Cuando Mariano Rajoy abandonó la Moncloa en junio, desalojado por la moción de Sánchez, cinco de sus ministros habían sido censurados por el Congreso. La oposición logró reprobar al titular de Justicia, Rafael Catalá; al de Interior, Juan Ignacio Zoido; al de Hacienda, Cristóbal Montoro; a la responsable de Sanidad, Dolors Montserrat; y hasta dos veces al de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis. Ahora las circunstancias se han invertido. Y si en la Cámara baja no es posible, el PP jugará el partido en el Senado.

De momento, los populares ya han puesto en la picota a la ministra de Justicia por su gestión de la defensa del juez Pablo Llarena en Bélgica y nada impide que Dolores Delgado inaugure una nueva lista de miembros del Ejecutivo que llevan a sus espaldas el reproche político del Parlamento.

Las reprobaciones, sobre todo en los últimos años, no tienen efectos prácticos, pero sirven para nutrir el discurso de oposición, aun más importante en año electoral. No es la única manera, en todo caso, de ejercer presión sobre el Gobierno. Dado que el PP cuenta con 147 de los 266 senadores, tiene capacidad para intentar marcar la agenda con solicitudes de comparecencias tanto de ministros como del presidente. El miércoles, de hecho, los populares aprobaron con el apoyo de Ciudadanos la convocatoria de un pleno para que Pedro Sánchez aborde en el Senado los detalles de su política migratoria. La gira iberoamericana del jefe del Ejecutivo, sin embargo, obligará al PP a volver a registrar la petición esta semana.

Su fuerza numérica le permitirá, además, al partido de Pablo Casado reactivar algunos debates. En los próximos meses impulsará en la Comisión General de Comunidades Autónomas la discusión sobre la financiación autonómica, pese a que el Gobierno no ve posible actualizar el sistema en esta legislatura. Y, lo más trascendente en materia territorial, el PP se prepara para hacer valer su mayoría en el Senado frente a la crisis catalana.

La formación repetirá hasta la saciedad que su grupo parlamentario está al servicio del Gobierno si es necesario volver a aplicar el 155 e intervenir Cataluña. En realidad, ese es la cuestión clave para el partido, la defensa de la unidad de España, y este asunto centrará buena parte de las iniciativas del PP en el Senado. Al fin y al cabo, en las filas conservadoras están convencidos de que es la grieta por la que se fugaron sus votantes hacia Ciudadanos.

En este escenario, el resto de partidos teme que los populares acaben «instrumentalizando» el Senado lo que queda de legislatura y que utilicen la institución como trampolín electoral. Pero fuentes de la formación conservadora no creen estar haciendo nada «muy diferente» a lo que la oposición intentó con el Gobierno de Rajoy. De hecho, recuerdan que el curso pasado se inauguró con un debate extraordinario en el Congreso sobre corrupción y que los grupos han hecho pasar por la comisión que investiga las cuentas de Génova incluso a la exsecretaria general, María Dolores de Cospedal. En el Senado, el PP también creó un órgano para escrutar, aunque sea en solitario, las finanzas de las otras organizaciones políticas. Una comisión que mantendrá este año.

Lo que ha generado un profundo malestar en el partido conservador es el intento de PSOE y Podemos de suprimir la única capacidad de veto que tiene el Senado, la que permitiría al PP frustrar la senda de déficit del Gobierno, el primer paso para la elaboración de los Presupuestos. Los populares reprochan a los socialistas su maniobra para cambiar las reglas de juego. En todo caso, la proposición de ley registrada en el Congreso para reformar la norma tendrá que pasar, en primer lugar, el filtro de la Mesa de la Cámara baja, donde el PP suma también mayoría con Ciudadanos y puede dilatar los tiempos.