El Gobierno y el PP calientan su duelo al chocar de frente por el cambio en el Constitucional

La contrarreforma del Gobierno busca permitir ahora al CGPJ interino que elija a los dos magistrados del Constitucional que le corresponden. Así el Ejecutivo poder hacer lo propio con los dos suyos, lo que dotará al Tribunal de una mayoría progresista. Según el PP, este viraje legal por la vía de urgencia «compromete la imagen democrática de la nación» y podría acarrear «gravísimas sanciones» en Europa. «La aprobación de esta reforma es una línea roja que el Gobierno no debería cruzar y que hace imposible llegar a acuerdos en el ámbito de la Justicia», lamentan en la cúpula del partido conservador. El Ejecutivo se niega a dar marcha atrás en su iniciativa y carga en que son los conservadores quienes han bloqueado la renovación. «La Constitución y su cumplimiento no es negociable», avisó la ministra portavoz, Isabel Rodríguez.

La dirección del PP insiste en que, para retomar las conversaciones con los socialistas, Pedro Sánchez debe mostrar «sentido de Estado» negociando la renovación judicial con ellos, y no con Esquerra, que ya ha avanzado su apoyo a la contrarreforma que plantea el PSOE. «No me entraría en la cabeza que el Gobierno albergue tal temeridad o tal imprudencia», advirtió Pons antes de reunirse con Bolaños. El dirigente popular expresó además su temor a que el respaldo lleve aparejada la posible «entrada» de los independentistas en el TC.

El 13 de junio, el eurodiputado valenciano se comprometió a remitir un plan judicial a la Moncloa en un mes con el que sentar las bases para la renovación del Poder Judicial. Sin embargo, el anuncio por parte del Gobierno de una contrarreforma judicial para renovar el Constitucional sin esperar a un acuerdo con el PP enturbió las negociaciones hasta el punto de que Génova acusó al PSOE de tratar de «romper los puentes». Pero, lejos de tirar la toalla, los populares contraatacaron ayer, en una semana de alto voltaje parlamentario, con una propuesta que consideran «muy aceptable». Y que, inciden, «está consensuada» con las principales asociaciones judiciales.

Los conservadores se habían mostrado por la mañana partidarios de que la renovación de los veinte vocales del CGPJ se produzca conforme a la ley actual si a cambio se avanza en un modelo que garantice que la participación de los jueces en sus órganos de gobierno sea efectiva. Un texto en el que no se pone negro sobre blanco ningún nombre. En Génova aducen que ante el actual «deterioro» que sufre la institución no basta con un simple intercambio de nombres, sino que la renovación ha de ser más profunda y fruto del «consenso» político entre los dos grandes partidos.

De ahí que propongan que el Consejo que se nombre formule, en un plazo de seis meses, una propuesta de reforma del sistema de elección, la cual sería discutida después en la comisión de Justicia del Congreso. «Que siempre se haya hecho mal no quiere decir que tengamos que seguir haciéndolo», insiste el PP, enterrando así la propuesta abrazada por la anterior dirección de que al menos la mitad de vocales sean elegidos por los jueces.

El documento que los populares han remitido, además de a Moncloa, al presidente del CGPJ, al del Constitucional y a las asociaciones de jueces y fiscales, establece que la negociación de los nombres que deben integrar el órgano se haga entre los grupos parlamentarios del PSOE y del PP y que sean los propios vocales los que elijan a su presidente, «sin pactos previos».

Plantean también que los nuevos vocales no hayan ocupado cargos «vinculados a la política» en los cinco años anteriores a su elección haciéndolo extensible a la Fiscalía del Estado, lo que habría excluido a Dolores Delgado. Y añaden que todos los altos cargos de la carrera judicial pasen a ser nombrados por una mayoría de tres quintos para «evitar una ideologización absurda».