El PP pide al Gobierno la retirada del decreto de los ayuntamientos

Los populares responden así a la oferta de diálogo que el presidente del Gobierno extendió el miércoles a entidades locales y grupos parlamentarios para contener el malestar de alcaldes de distinto signo político y evitar que el acuerdo sellado con la Federación de Municipios y Provincias, a día de hoy encaminado a fracasar en el Congreso, naufrague en su tramitación parlamentaria. Ese es un escenario a evitar en el inicio de un curso político complejo en el que la oposición aprovechará las dificultades del Gobierno para tratar de escenificar su soledad.

De momento, fuentes del PP aseguran haber constatado un rechazo «brutal» en la Cámara baja al mecanismo propuesto para dotar de recursos a los ayuntamientos. El pacto con la FEMP, avalado en este organismo sólo con los votos del PSOE y la abstención de IU-Podemos, contempla la posibilidad de que los municipios presten sus remanentes de tesorería, el dinero ahorrado del superávit de años anteriores, a la Administración General del Estado. A cambio, el Gobierno inyectaría 5.000 millones de euros, de forma proporcional, entre 2020 y 2021 a aquellos consistorios que participen en el procedimiento. A partir de 2022, las cantidades cedidas serían reintegradas en su totalidad en un plazo de 10 años, prorrogable a 15 si las entidades locales consideran que les favorece.

La acogida, sin embargo, del planteamiento en algunas de las principales ciudades de España no ha sido buena. Aunque el Gobierno ha censurado los términos en los que se ha pronunciado el PP al hablar de «expropiación de ahorros», «incautación» o «robo», el convenio se ha topado con la oposición de los alcaldes de Madrid (PP), Barcelona (Catalunya en Comú), Valencia (Compromís), Bilbao (PNV), Cádiz (Adelante Cádiz) o LLeida (ERC), entre otros. Discrepancias que los populares encuentran también en buena parte de los grupos parlamentarios con los que ya han contactado.

Fuentes de varias formaciones deducen de las intervenciones de Pedro Sánchez y la ministra de Hacienda que el Gobierno podría tener en mente ofrecer a las fuerzas políticas la tramitación del real decreto como proyecto de ley en el Congreso. Eso facilitaría su convalidación para ser posteriormente modificado vía enmienda. El PP, sin embargo, apuesta por que el texto sea retirado antes del debate parlamentario y que la iniciativa que se vote cuente con un consenso general previo que podría buscarse, apuntan, o con una delegación amplia de la FEMP o en la Comisión Nacional de Administración Local.

En la formación conservadora defienden que los ayuntamientos puedan utilizar «libremente» sus propios ahorros, aunque para ello haya que promover, apuntan, una reforma de la ley de estabilidad presupuestaria.

El Gobierno recuerda que esa normativa, aprobada bajo el mandato de Mariano Rajoy, es la que «impide que los ayuntamientos puedan incurrir en déficit y, por tanto, usar sus remanentes». Pero la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, argumenta que, además, existe un límite constitucional. «Yo comprendo que la solución que ha dado el Gobierno es compleja –señaló el miércoles–, pero la pregunta no tenía una solución fácil».