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La disconformidad del PP con el real decreto que prohíbe temporalmente los despidos y con la literalidad del texto que pone a «hibernar» la actividad productiva no resuelve el debate sobre cuál será el sentido del voto de los populares cuando las medidas se ... sometan al escrutinio del Congreso. Aunque el Gobierno no ha desvelado aún la fecha para su convalidación en la Cámara baja, la formación conservadora estudia sus opciones y no descarta una abstención que contribuya a la imagen de «oposición responsable» que pretende la dirección del partido.
Pese a que la postura del PP ha ido endureciéndose en las últimas dos semanas y el desencuentro con Pedro Sánchez tuvo su momento álgido en el pleno del miércoles pasado en el Congreso, los populares han aprobado hasta ahora en la Cámara baja las medidas gubernamentales para gestionar las derivadas de la emergencia sanitaria. Ese apoyo práctico les permitía combinar el doble mensaje de crítica casi integral al Ejecutivo y reivindicación de su propio papel como partido de gobierno.
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El desmarque de los últimos decretos, sin embargo, podría hacer tambalear el discurso. Fue el lunes cuando Casado anunció que los suyos no apoyarán la decisión de parar la actividad no esencial y prohibir los despidos durante el estado de alarma, salvo que los textos se modifiquen. La falta de diálogo previo, el desacuerdo con el enfoque de algunas medidas, la sospecha de un «trasfondo ideológico», como apuntaron en el PP hacia Podemos, y el argumento de que se avanza hacia un «precipicio» en lo económico fueron las razones esgrimidas para el cambio de posición. Aun así, según fuentes de la dirección, el partido, a día de hoy, ha dejado dos puertas abiertas: la del no y la de la abstención.
La primera conlleva el riesgo de hacer que no prosperen las medidas del Ejecutivo en unas circunstancias difíciles por la expansión de la epidemia. La segunda permitiría al PP, a juicio de las fuentes consultadas, colaborar con la «estabilidad», aun no estando de acuerdo con el contenido de los decretos.
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En esta encrucijada, los populares instan al Ejecutivo a negociar si va a buscar su respaldo en el Congreso y si ha perdido en algunos debates el apoyo de sus socios de investidura. «Pedimos a Sánchez que no actúe con soberbia –reclamó este miércoles el portavoz en el Senado, Javier Maroto– y que llame al PP antes de seguir aprobando decretos». También añadió en TVE que «sería imposible pensar que un partido responsable dejase tirado al Gobierno».
El Ejecutivo, consciente del enorme rechazo generado por algunas de sus últimas decisiones –en concreto, la paralización de la actividad económica no esencial– ya empezó a corregir el tiro el martes con modificaciones interpretativas, que en la práctica flexibilizan el real decreto ley. En los últimos días, además, varios miembros del Gobierno, desde José Luis Ábalos a María Jesús Montero, pasando por Pablo Iglesias, han esbozado un 'mea culpa' por el déficit de comunicación denunciado desde la oposición.
El gesto parece haber ablandado al menos al PNV. Distintas fuerzas parlamentarias de las que ayudaron a Pedro Sánchez a superar en enero su investidura, incluidos los nacionalistas vascos, seguían asegurando este miércoles, sin embargo, que ningún responsable del PSOE se ha puesto en contacto aún con ellos para hablar de cuál será su posición. «Hemos hablado de manera informal–admiten en la dirección del grupo socialista– y cuando se convoque el Pleno hablaremos con todos».
El coronavirus en cifras
Melchor Sáiz-Pardo Gráficos: Sara I. Belled
Los partidos dan por hecho que ese Pleno se convocará la semana próxima para que el Gobierno pueda solicitar una nueva prórroga del estado de alarma y que entonces se aprovechará para debatir el resto de iniciativas. El ministro de Transportes, sin embargo, evitó dar por hecho que vaya a ser así y aseguró que la decisión sobre mantener o no la vigente situación de excepcionalidad se tomará más adelante, en función de cómo evolucione la pandemia.
La paradoja es que, o se vota la semana que viene, o lo que decida el Congreso sobre el decreto que afecta al funcionamiento de la industria dejará de importar porque sus efectos sólo alcanzan hasta el 9 de abril.
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