Los policías ya no quieren el traslado a Cataluña

La voz de alerta de la delicada situación en Cataluña la dio el martes la publicación del Concurso General de Méritos del Cuerpo, el documento en el que Interior refleja los traslados autorizados entre las diferentes plantillas. Según este informe, al que ha tenido acceso este periódico, más de 260 funcionarios ya destinados allí (el 9% de la plantilla operativa) han ganado el concurso para abandonar la comunidad mientras que menos de una veintena de agentes de servicio en otros sitios de España han pedido ser destinados a Cataluña.

Pero el tema es más grave. De acuerdo con los informes de Interior, en Cataluña la situación de la plantilla era, antes de este concurso, la más precaria de España. A pesar de tener un catálogo de 3.946 puestos de trabajo solo hay 2.859 efectivos disponibles. O sea, un déficit de 1.087 funcionarios. O lo que es lo mismo solo estaba cubierto el 72% del catálogo.

El anexo sobre vacantes de este Concurso General da también buena cuenta de la complicada coyuntura. De los 1.256 puestos que han quedado desiertos en España en las tres principales escalas (subinspector, oficial y policía) 471 corresponden a Cataluña. Esa comunidad, a pesar de sumar solo el 4,5% de los efectivos del cuerpo, acumula el 37,2% de las vacantes. El año pasado de las 27 comisarías de Cataluña hubo vacantes para policías de base en 18 de ellas, este 2018 hay plazas desiertas en 25.

Interior espera parchear parte de estas carencias con algunos de los 3.200 alumnos en prácticas, pero hay también otras prioridades, como la campaña de verano.

Las plazas desiertas dibujan una situación muy peliaguda en algunos destinos sensibles de Cataluña. Solo en la Jefatura Superior de Barcelona, en los servicios centrales y más especializados, se dejan sin cubrir 112 puestos de agentes de base, 54 oficiales y 12 subinspectores. En las fronteras del aeropuerto de El Prat se quedan desiertos 41 puestos. En la frontera de La Junquera son 31 las vacantes.

«Cataluña se ha convertido en la nueva bestia negra de las plantillas. Siempre ha sido una comunidad cara, pero ahora con la situación social la cosa ha empeorado. Solo se quedan los que tiene mucho arraigo familiar. Y todo ello sin contar con que no existe el plus (económico) de zona conflictiva que se cobra en otras zonas como el País Vasco, que son cerca de 600 euros al mes», explica José María Benito, portavoz de la UFP.

«No hay una exclusión de los policías como ocurrió en Euskadi, pero sí que hay un creciente rechazo, sobre todo después del 1-O», señala Ramón Cossío, portavoz del SUP, quien insiste en que el «conflicto social» ha provocado un deterioro de la plantilla que viene de atrás por los altos precios de la vivienda de alquiler.