El Poder Judicial renuncia a prolongar ante el Constitucional el choque con el Gobierno

La decisión del CGPJ es mucho menos proactiva de lo que esperaban la mayoría de asociaciones de jueces, en pie de guerra contra la nueva ley, que entró en vigor el pasado 30 de marzo, y contra lo que, en general, consideran una actitud encaminada a seguir «horadando paulatinamente la independencia judicial». Casi la mitad de la carrera judicial, unos 2.500 jueces pertenecientes a la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente ya llevaron su denuncia a Bruselas.

La semana pasada, la vicepresidenta de Valores y Transparencias de la UE, Vera Jourova, reclamó que se retirara la otra proposición de ley registrada por los dos socios del Ejecutivo para rebajar las mayorías requeridas en las Cortes y poder renovar el CGPJ sin el PP, y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunció que se acataría la petición. Jourova también apuntó, sin embargo, que no veía «en principio» problemas de encaje en el Estado de derecho de la ley que prohíbe al Poder Judicial hacer algunos nombramientos.

En el Consejo hay preocupación por el impacto que la norma puede tener especialmente en el Tribunal Supremo, donde ya hay siete vacantes. Pero la propuesta de los ocho vocales nombrados a propuesta del PP, despertaba recelos en otros vocales, partidarios de dejar que sean los partidos políticos (PP y Vox ya se han movido para hacerlo) quienes la recurran.