El Poder Judicial ofrece habilitar agosto o sentencias 'in voce' para paliar el efecto del estado de alarma

Hasta que no desaparezca el estado de alarma no se levantará esta suspensión, pero poner entonces el contador a cero contribuiría al colapso de la administración judicial que los actores quieren evitar a toda costa. Las asociaciones judiciales ya han transmitido al CGPJ que las fechas y citaciones paralizadas deberán de volver a ser fijadas por los órganos correspondientes. A lo que se suma los nuevos asuntos que entrarán en todas las jurisdicciones.

Por este motivo, en un comunicado conjunto los principales colectivos de la carrera reclamaron al Gobierno y al Parlamento reformas urgentes en materia organizativa y procesal, que detallarán la próxima semana, para agilizar los trámites. Para ello solicitaron, en primer lugar, un incremento sustancial de la partida presupuestaria al Ministerio de Justicia para hacer frente a este escenario y más medios materiales y humanos.

Como paso intermedio, el CGPJ ha anunciado este martes por la noche un borrador que empezará a examinar este miércoles, en el incluye un centenar de medidas para paliar la suspensión de la actividad judicial. Son iniciativas en todos las jurisdicciones que tendrán que ser debatidas con los Tribunales Superiores y con el Ministerio de Justicia.

Cabe destacar la habilitación plena del mes de agosto para la tramitación y resolución ordinaria de los procesos judiciales, fomentar las sentencias 'in voce' o la especialización de los juzgados del orden civil excediendo el ámbito territorial del partido judicial. También propone medidas de refuerzo en los juzgados con mayor carga, sin concretar de momento cuáles son.

Los efectos prácticos de esta crisis sanitaria tendrán repercusión en el ámbito civil (cualquier trámite habitual afectado por la suspensión de los procedimientos en el registro civil, como una boda o un divorcio, o derecho de la familia), mercantil (concursos de acreedores), social (ayudas a empresas, vacaciones, bajas forzosas o despidos improcedentes), contencioso-administrativo (sanciones por incumplimiento del estado de alarma o contratos públicos urgentes) y penal.

En la especialidad mercantil, el CGPJ estima que el principal impacto de la pandemia será la solicitud de procedimientos de insolvencia y aboga por ello por la reforma de la Ley Concursal. Y en la penal, plantea que en determinadas circunstancias las sentencias puedan dictarse oralmente para casos de delitos leves o en los procedimientos en los que haya habido conformidad.

El cálculo de las asociaciones judiciales está hecho: se estima que por cada mes de suspensión de la actividad judicial son tres meses de recuperación, a lo que se añadiría la tramitación ordinario de lo atrasado. A este panorama se suma una administración ya de por sí sobrecargada y con medios limitados por los recortes de los últimos años.