Unidas Podemos y sus confluencias siguen urgiendo a su socio de Gobierno de coalición, el PSOE, a modificar el delito de sedición en el Código Penal, por el que fueron condenados los políticos independentistas catalanes en el juicio del 1-O. Una condición que quedó ... sepultada por el peso de la pandemia pero que ya se había negociado cuando ambas formaciones llegaron a un acuerdo para investir a PedroSánchez. Este lunes, el presidente del grupo parlamentario morado en el Congreso, Jaume Asens, avanzó que desde su partido, En Comú, habían enviado una propuesta a los socialistas para que aceptaran que este delito se condicione exclusivamente a la existencia de una violencia explícita.
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La propuesta reduciría el ámbito de aplicación del delito de sedición y solo podrían ser encausados aquellos que usaran para tal fin armas u otros instrumentos «aptos para poner en grave riesgo la vida de las personas o causar lesiones graves». También, según recoge el escrito, la reforma sustituiría el concepto «alzamiento tumultuario» por el de «alzamiento» a secas.
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María Eugenia Alonso
La intención de los comunes, explicó Asens en una entrevista con Catalunya Radio, es la de «desactivar» no sólo el delito que fue la base de la condena a los presos independentistas, sino también tratar de impedir que en el futuro pueda ser utilizado contra movimientos sociales y activistas.
Asens señaló que, si bien los comunes y el grupo de Unidas Podemos prefería directamente abolir el delito de sedición del Código Penal, son «realistas» y saben que no cuentan con la mayoría suficiente en el Congreso para impulsar esta medida.
El líder de los comunes también insinuó que esta reforma facilitaría la libertad de los presos independentistas con más garantías que una amnistía con «muchas dificultades de encaje jurídico» y dejaría la decisión final en manos del Tribunal Constitucional. Asens afirmó que «una ventaja que tiene esta reforma respecto a la amnistía es que los tribunales no intervendrían», una declaración con la que deja la puerta abierta a que una decisión política permita liberar a los políticos condenados por sedición.
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Criminalizar piquetes
Otra de las propuestas integradas en la petición es la supresión del artículo 315.3 del Código Penal, que establece penas de prisión en caso de que se produzcan coacciones para hacer una huelga. Esto, según Asens, «supone la criminalización de los piquetes informativos y produce un efecto de desaliento en el ejercicio del derecho de huelga».
Además de presentar la propuesta al PSOE, los comunes han trasladado la propuesta a varias organizaciones de la sociedad civil, como CC OO, UGT, Òmnium y colectivos en defensa de los derechos humanos como Iridia y Novact, para «mejorarla».
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