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Podemos amenaza al Gobierno con votar no a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2019. Y lo hace cuando apenas queda una semana para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez presente las líneas maestras de las cuentas en Bruselas, donde la Comisión ... Europea deberá dar su visto bueno. De esta forma, si la formación de Pablo Iglesias mantiene su rechazo hasta el próximo lunes, los Presupuestos pueden darse por muertos.
Según ha explicado Pablo Echenique esta mañana tras la reunión de la dirección de Podemos, la respuesta del Ejecutivo a las exigencias que se les ha trasladado «no están a la altura». El secretario de Organización morado ha nombrado tres ámbitos en los que se deberá negociar: bajada del alquiler de viviendas y forzar a los grandes poseedores inmobiliarios a que las pongan a la venta, la precariedad laboral y mejoras en la dependencia.
«Esperamos reconducir la situación a lo largo de esta semana», ha señalado Echenique, quien ha insistido en que su partido tiene voluntad constructiva. Pero si no hay avances, se votará no. Y ello a pesar de que el pasado viernes Pablo Iglesias se mostraba muy optimista respecto al acuerdo. Según ha justificado Echenique, la pasada semana se habían propuesto medidas verbalmente, pero cuando Podemos las ha visto por escrito ha detectado significativos retrocesos. «Lo que nos transmitía el Gobierno era positivo y había avances, pero cuando nos han llegado los compromisos concretos a los que estarían dispuestos a llegar hemos visto un montón de pasos atrás», ha justificado el número tres de Podemos.
Lograr el apoyo de Podemos es la primera prueba de fuego para el Gobierno, quien necesita sacar adelante los Presupuestos para mantener viva la legislatura. Pero después, el Ejecutivo debería sentarse a la mesa con PNV y los independentistas catalanes. El apoyo de los nacionalistas vascos no debería entrañar problemas. Con los secesionistas el panorama se presenta más sombrío.
Desde Esquerra se insiste en que el Gobierno inste a la Fiscalía General del Estado a retirar los cargos de rebelión a los políticos huidos y presos por el 'procés', algo a lo que el Ejecutivo se niega en rotundo en virtud de la separación de poderes.
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