Podemos aprieta al PSOE con la ley de vivienda y la reforma laboral

Las relaciones entre los socios gubernamentales se envenenan cada día. La crisis de Ucrania, la ley de vivienda, la reforma laboral. Cualquier asunto es propicio para que Podemos acentúe las diferencias. Después de un año de negociaciones, ambos socios habían consensuado el protecto de ley de vivienda, pero este martes la ministra y secretaria general de los morados, Ione Belarra, reabrió el melón con el anuncio de una ronda con los colectivos sociales para formar un frente contrario a las modificaciones en el proyecto inmobiliario. Fuentes de Unidas Podemos señalaron que ven con «preocupación» la actitud del PSOE y temen que «se eche para atrás» en los aspectos «más ambiciosos» de la norma.

Un temor que, según la ministra portavoz, «no está justificado». «No entiendo que haya ningún género de duda», apostilló Isabel Rodríguez. Tanto ella como el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, señalaron que el Gobierno «leerá» el informe que aprobará mañana el Consejo General del Poder Judicial y analizará si hay algún elemento que se pueda incorporar al proyecto. Pero la portavoz dejó caer que es improbable que haya cambios en el texto gubernamental, «uno de los compromisos más importantes de la legislatura».

Los socialistas interpretan que el gesto de Podemos de erigirse en defensores de las esencias de la ley de vivienda responde a «su obsesión» por apuntarse los tantos de las iniciativas más progresistas en lugar de asumir que el Gobierno es uno.

Lo mismo ocurre, pero en sentido contrario, con la reforma laboral. La orden de Pedro Sánchez es taxativa, la negociación no va a cambiar «ni una coma» del decreto que se votará la próxima semana en el Congreso. Pues bien, Unidas Podemos ve posible introducir algunas novedades para atraer, sobre todo, a Esquerra. El socio menor precisó que serían modificaciones acordadas entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Las fuentes del partido morado no precisaron, sin embargo, en qué podrían consistir esas incorporaciones al texto pactado por el Gobierno, las organizaciones empresariales y los sindicatos.

Pero no acaban ahí las diferencias de enfoque entre el PSOE y Unidas Podemos en la reforma laboral. Mientras los socialistas se muestran abiertos a incorporar a Ciudadanos a la ecuación ante la dificultad de articular un frente de respaldo con los aliados tradicionales, el partido que ahora lidera Belarra sostiene que «no es viable, es una trampa y no dan los números». Pero las cuentas salen.

En la Moncloa calculan que si a los 154 diputados de la coalición gubernamental (PSOE, 120 y Unidas Podemos, 34) se suman los nueve de Ciudadanos y los once que aportan entre PDeCAT (cuatro), Más País (dos), Compromís, Teruel Existe, Nueva Canarias, Coalición Canaria y Partido Regionalista de Cantabria alcanzan los 174. Y con la expectativa de llegar a 176 si los dos representantes de Unión del Pueblo Navarro pasan de la abstención al voto favorable. En todo caso, por encima de los 173 que reuniría en la mejor de las hipótesis el conglomerado de las fuerzas contrarias a la reforma laboral (PP, Vox, ERC, PNV, Bildu, Junts, CUP, BNG, Foro Asturias).