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Unidas Podemos se sumó ayer en el Congreso a una iniciativa promovida por independentistas y nacionalistas para exigir al Gobierno la implantación de las lenguas cooficiales en la Administración del Estado. La formación de Pablo Iglesias junto con Esquerra, PNV, Junts per Catalunya, PDECat, EH ... Bildu, Más País, CUP, Compromís y BNG registraron una proposicion no de ley en la que exigen acabar con la «imposición legal» del castellano en instituciones como el Senado, la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo o RTVE.
Las diez formaciones reclaman que el catalán, el gallego o el euskera «gocen de los mismos derechos y deberes», así como que el Ejecutivo garantice «el deber de conocimiento por parte del funcionario que preste servicios en territorios con lengua propia». También exigen modificaciones en los estatutos de autonomía donde hay lenguas minoritarias y en desuso, como es el caso de Asturias. Su intención, según explicaron, es que se reconozca su oficialidad y que reciban el mismo trato que el castellano.
Los firmantes recuerdan, además, que España tiene la obligación de cumplir los acuerdos internacionales que ha ratificado, como la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, entre otros. E insisten en que el Estado debe ser «consciente» de ladiscriminación a la que han sido sometidos los habitantes de estas lenguas y generar «políticas activas de la recuperación de su dignidad y autoestima» que permitan el ejercicio efectivo de sus derechos lingüísticos.
La portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Congreso, Sofía Castañón, aseguró que la defensa de los derechos de los hablantes de las diferentes lenguas del Estado, no es otra que una «defensa de los derechos fundamentales». «Reconocer, dignificar nuestras diversidad lingüística nos hace un país mejor, nos describe de un modo más cierto y es de una riqueza cultura innegable», aseveró.
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