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Las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania han abocado a Podemos a un delicado juego de equilibrios en materia fiscal. A estas alturas, con el precio de la luz marcando récords históricos, con la gasolina coqueteando con los 2 euros por litro y con ... una imparable inflación que amenaza la recuperación pospandemia, ni en la izquierda se atreven a criticar una bajada de impuestos que alivie los bolsillos de la ciudadanía. Ahora bien, la formación morada se enfrenta al intrincado reto de conciliar la rebaja acordada en la Conferencia de Presidentes del domingo con la subida de impuestos que lleva pidiendo sin éxito al PSOE en los últimos meses.
Ante la galopante subida de los precios, Pedro Sánchez y los mandatarios autonómicos pactaron en La Palma una bajada fiscal que, si bien aún no se ha concretado, se da por hecho que se concentrará en los sectores más afectados, especialmente el energético. El anuncio llegaba sólo unos días después de que Podemos, socio minoritario en el Gobierno, insistiera en su plan, con el que calcula que el Estado dispondría de hasta 30.000 millones de euros más. Entre otras medidas, proponía aumentar un 10% el Impuesto de Sociedades a las eléctricas y aprobar un nuevo recorte de sus beneficios que iría mucho más allá del decretado en octubre.
Los equilibrismos han quedado patentes este lunes en la rueda de prensa semanal de la ejecutiva morada. «Todas aquellas medidas que sirvan para reducir la carga a los ciudadanos por la inflación, sobre todo por el incremento de la factura de la luz, será bien recibida», ha antepuesto Pablo Fernández, portavoz de la formación. Pero acto seguido, el dirigente ha tratado de mover el marco del debate fiscal desde el qué al quién. «Es momento de acometer la reforma progresiva y ambiciosa a la que llevamos tiempo refiriéndonos para que las grandes empresas y las grandes fortunas aporten lo que les corresponde», ha explicado.
Al igual que planteó Ione Belarra el viernes, Fernández ha abundado en la tesis de que «el coste de esta crisis deben pagarlo los beneficios de las eléctricas». Podemos pone el foco nuevamente en los llamados beneficios caídos del cielo para presionar al PSOE con un nuevo recorte. Al mismo tiempo, los morados abogan por otras medidas como desconectar el coste del gas del sistema de fijación de precios y crear un cheque de 300 euros que ayudaría a 19 millones de familias a abonar la factura de la luz. Una propuesta, esta última, que costaría un total de 5.700 millones de euros a las arcas y sobre la que aún no han obtenido respuesta de su socio en el Ejecutivo.
A esa batería de medidas para mitigar el impacto económico de la crisis, Podemos ha sumado este lunes una nueva propuesta en torno al Ingreso Mínimo Vital (IMV). En primer lugar piden incrementar en un 18% la cuantía de la prestación y los umbrales de renta que dan acceso a ella, de manera que la ayuda mínima pasaría de 491 euros a 580 al mes. Además, también reclaman revisar la edad mínima para poder cobrar la prestación, ahora mismo fijada en los 23 años. «Es una discriminación que no está justificada cuando hay jóvenes en riesgo de exclusión social y hasta en situación de sinhogarismo», ha lamentado María Teresa Pérez.
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