Podemos desbloquea los Presupuestos tras arañar el acuerdo sobre alquileres

El entendimiento entre los socios de Gobierno, escenificado con una foto entre el propio jefe del Ejecutivo y el vicepresidente social, Pablo Iglesias, a las 9:00 horas, implica la aprobación por el Consejo de Ministros «en un plazo máximo de tres meses» de la futura ley de vivienda, que además tendrá que ser remitida al Congreso en, como mucho, cuatro meses. Iglesias logra, además, la medalla de presentarse como coproponente de la norma junto con el ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

La idea de abordar una reforma legal para poner coto al alza abusiva de los alquileres formaba ya parte, en realidad, del acuerdo de Gobierno entre PSOE y Podemos, pero la formación confederal de izquierdas, exigía que quedara vinculada ya al pacto presupuestario y ese ha sido uno de los últimos escollos en la negociación que durante varios meses han mantenido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el responsable económico de Podemos y secretario de Estado de de Derechos Sociales, Nacho Álvarez.

La norma permitirá a los ayuntamientos, en coordinación con las autonomías, según el pacto, declarar zonas de mercado tensionado y establecer «mecanismos de contención o eventualmente bajada de los precios» tanto para alquileres existentes como en nuevos contratos, a partir de un sistema de índices de precios de referencia.

El otro acuerdo que ha permitido desencallar los Presupuestos se refiere al Ingreso Mínimo Vital, la medida estrella del 'escudo social' puesto en marcha durante la anterior ola de coronavirus. Su implantación ha resultado mucho menos ágil de lo que el propio Gobierno deseaba y muy criticada fuera. El pacto propone tres enmiendas. En primer lugar, se tendrán en cuenta los meses transcurridos durante el año en curso para poder conceder esta prestación, es decir, una familia no tendrá que esperar a que acabe el año en el que ha perdido sus ingresos para solicitarlo. Además, se reducirán de tres a dos años de vida independiente los que las persones menores de 30 años tendrán que demostrar para acceder al IMV. Y, por último, se establecerá la posibilidad de que los servicios sociales puedan acreditar algunos requisitos.