Podemos exige suspender la prestación al exdiputado socialista Damborenea, condenado por los GAL

El escrito, firmado por los diputados vascos Pilar Garrido, Roberto Uriarte y Juantxo López de Uralde, solicita a las presidencias de ambas cámaras que convoquen a la mayor brevedad las mesas conjuntas de Congreso y Senado para suspender dicha prestación, «que constituye un ataque contra la memoria y la dignidad de las víctimas del terrorismo», explican desde la formación morada.

El que fuera dirigente del PSE es uno de los 39 antiguos diputados y senadores que reciben mensualmente una «complementación de ingresos», en su caso de 2.063 euros. Esta petición llega dos semanas después de la polémica que levantaron las declaraciones de José Barrionuevo. El exministro del Interior, condenado a diez años también por el 'caso Marey', relativizó la gravedad de la 'guerra sucia' contra ETA. Sus palabras levantaron una tormenta política. El Gobierno socialista, a través de Félix Bolaños, y el PSE se han desmarcado de esas manifestaciones y han condenado sin paliativos el «terrorismo» de los GAL. Cuando Marey fue secuestrado, Damborenea era el líder del PSE de Bizkaia. El Tribunal Supremo le condenó a siete años de prisión. Fue indultado de forma parcial por el Gobierno de José María Aznar.

Damborenea, que actualmente tiene 82 años, fue diputado del Congreso durante siete años (1982-1989) y, conforme a las normas de protección social para exparlamentarios tenía derecho a solicitar un complemento de pensión para llegar a la pensión máxima que no logra con su cotización profesional, en su caso de médico. Ese complemento mensual que viene recibiendo desde su jubilación se situaba el pasado mes de octubre en los 2.063,75 euros.

Con la crisis de 2011, el Congreso puso fin a la concesión de esta ayuda y desde entonces ya no ha habido nuevos perceptores, aunque la Cámara y sus sucesivos órganos de gobierno sí se la han mantenido a quienes la venían cobrando hasta entonces, como en el caso de Damborenea.

Ahora los parlamentarios del grupo confederal instan a reunir a las Mesas del Congreso y del Senado a la mejor brevedad posible para retirar el complemento económico a Damborenea asegurando que la concesión de esta ayuda es «discrecional» y remarcando que los hechos delictivos por los que fue declarado culpable se cometieron durante su etapa como diputado.

A su juicio, existe «impunidad en torno a los crímenes de Estado» y resulta necesario un «compromiso democrático por parte de los poderes públicos para que haya justicia con todas las víctimas del terrorismo».

Finalmente, consideran también fundamental que se modifique la Ley de Secretos Oficiales para conocer todo lo que pasó con los GAL, de acuerdo a los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.