El PSOE avisa a Podemos y Ciudadanos de que no habrá ley electoral sin el PP

Los dos grandes partidos siempre han considerado que la ley electoral constituye uno de los pilares del sistema democrático y que, por lo tanto, su modificación exige un consenso que va más allá de la mera exigencia numérica fijada para cualquier otra norma de carácter orgánico (mayoría absoluta). En la legislatura pasada, de hecho, los populares renunciaron a modificar el texto para que en los comicios municipales se diera una prima a la primera fuerza a fin de facilitar la gobernabilidad. Una idea que ayer volvió a sacar a colación el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

«Cuando hablamos de reglas de juego, de la arquitectura institucional y jurídica de nuestro país, es evidente no se puede hacer entre dos o tres partidos, hay que contar con un amplio consenso de la Cámara», insistió Lastra apenas unos minutos después de que Ciudadanos y Podemos dieran cuenta de su reunión. «No podemos estar al albur de mayorías parlamentarias determinadas que pueden cambiar en tres o cuatro años». En la práctica, esta posición en la que se parapetan los socialistas lleva a vía muerta el intento de los dos partidos más jóvenes del Parlamento, porque el PP no está dispuesto a dar su brazo a torcer.

La secretaria general del partido gubernamental, María Dolores de Cospedal, tildó incluso de «barbaridad» el propósito de Pablo Iglesias y Albert Rivera. En una entrevista en TVE, adujo que la idea de aumentar la proporcionalidad -esto es, de que la representación de cada formación en el Congreso de los Diputados se corresponda de manera casi exacta con el porcentaje de voto que cada una de ellas haya obtenido en las urnas- va en contra de «lo que está funcionando en todo el mundo» y generaría inestabilidad.

La negativa de los grandes partidos a impulsar cambios en la ley electoral ha puesto a Ciudadanos y Podemos el mismo 'barco' y parecen dispuestos a remar juntos. Las dos formaciones han decidido dejar atrás sus diferencias para comenzar a sondear las posibilidades de pactar una reforma electoral antes de que finalice el año. Ese es el plazo que se marcaron ayer sus respectivos portavoces parlamentarios, Juan Carlos Girauta e Irene Montero, en la primera toma de contacto para tratar de conseguir que la composición de la Cámara baja «se parezca más a lo que votan los españoles».

En su encuentro, los dos partidos escenificaron su «total sintonía» en esta cuestión, intercambiaron sus propuestas, se comprometieron a estudiarlas -sin líneas rojas y sin rechazar ninguna, al menos por el momento-, abrieron canales de «diálogo permanente» y se emplazaron a una nueva cita, sin fecha todavía.

Montero y Girauta coincidieron en la necesidad de eliminar el voto rogado, rebajar el gasto público estableciendo un envío único de papeletas, fijar por ley la celebración de los debates entre los candidatos a la Presidencia y aumentar la proporcionalidad de un sistema que ambos partidos consideran «injusto». Para Podemos la solución está en sustituir el método D'Hont por el sistema Sainte-Laguë, que se utiliza en Alemania, Noruega y Dinamarca y que, en su momento, fue defendido por Izquierda Unida. La fórmula, según sus cálculos, le beneficiaría especialmente a los dos partidos, perjudicando por contra al PP. Sobre la mesa estuvieron también otras iniciativas en las que no coinciden a priori como rebajar la edad de voto a los 16 años y fijar por ley que los prófugos de la justicia no puedan ser candidato en unas elecciones.

La idea de los dos partidos pasa por llevar una propuesta consensuada a la subcomisión que estudia en el Congreso la reforma de la ley electoral. El órgano parlamentario, constituido hace casi un año, concluye sus trabajos en julio sin haber logrado avances significativos durante todos estos meses.