Podemos cierra el círculo

Aunque algunas de ellas ya estaban registradas en el acuerdo de Gobierno firmado con los socialistas antes de la investidura de Pedro Sánchez, no siempre ha reinado el consenso dentro de la coalición. Ambos partidos colisionaron, por ejemplo, con la ley de libertades sexuales, la principal medida de la ministra de Igualdad, Irene Montero, para la presente legislatura.

Conocida popularmente como 'ley del solo sí es sí', el anteproyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros para iniciar su trámite legislativo el pasado 3 de marzo, en la misma semana que se celebrara el 8-M. El texto elevaba a delito el acoso callejero y establecía que para iniciar una relación sexual era necesario un consentimiento explícito, entre otros puntos. Pero la celeridad por hacerla coincidir con las marchas por el Día de la Mujer y algunos «defectos técnicos» que contenía el borrador, como reconocieron desde dentro del propio Ejecutivo, provocaron que este fuera paralizado por el Ministerio de Justicia.

La disparidad de opiniones desató una crisis entre los miembros del Gobierno, con un cruce de reproches en público que acabó zanjándose el 6 de marzo con una reunión de urgencia a la comisión de seguimiento del acuerdo de coalición. Hasta que irrumpió la epidemia de coronavirus en España. Estaba previsto que el plazo de alegaciones para el anteproyecto finalizase el 27 de marzo, pero el periodo quedó suspendido ante las circunstancias excepcionales.

Más consenso generó la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 950 euros al mes (un 5,5% más respecto a la cuantía de 2019), que se aprobó el pasado 4 de febrero en el Consejo de Ministros. La medida salió adelante gracias a un acuerdo entre patronal, sindicatos y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, principal precursora de las conversaciones. Sin embargo, en el horizonte de Podemos se encuentra elevarla aún más durante la presente legislatura «al menos hasta el 60% del salario medio», como ha sido siempre el deseo del partido. El objetivo se situaría, por tanto, entre los 1.000 y los 1.200 euros mensuales, aunque habrá que esperar a ver si queda relegada frente a otras decisiones más urgentes.

Otro asunto de importancia para Unidas Podemos era la regulación «urgente» de los juegos de azar «para prevenir y frenar la ludopatía», como se recoge en el apartado 2.10 del acuerdo de coalición. Esto se plasmó el 21 de febrero con el anuncio del ministro de Consumo, Alberto Garzón, de prohibir mediante Real Decreto la publicidad de Casas de Apuestas y juego online en cualquier soporte, con la excepción de la franja de 1:00 a 5:00 horas en televisión a la que se le añadieron, posteriormente, las retransmisiones de eventos deportivos que se emitan en radios y televisiones a partir de las 20:00 horas. Una medida que aún queda lejos de lo recogido en el programa electoral de Podemos.

Mayor alcance ha tenido en cambio la aprobación del ingreso mínimo vital, un anhelo de los morados prácticamente desde su fundación en enero de 2014. Este se aprobó el pasado 29 de mayo y se prevé que alcance a 850.000 hogares y a 2,3 millones de personas en situación vulnerable. La inversión se calcula en unos 3.000 millones de euros, mientras que las prestaciones oscilarán entre los 462 euros para un hogar unipersonal y los 1.015 euros en los hogares más numerosos. «Hoy es un día histórico porque nace un nuevo derecho social en España», afirmó el propio Iglesias, que tiene planes de hacerla extensible a toda la UE.

Una medida acelerada por los estragos de la pandemia a la que se podría sumar, como propone Podemos, un impuesto a las grandes fortunas que grave progresivamente los patrimonios superiores a un millón de euros (exceptuando la primera vivienda hasta los 400.000 euros).

El círculo se cerrará completamente con la aprobación de la ley de protección de la infancia, cuyo anteproyecto se llevará este martes al Consejo de Ministros, como ya avanzó Iglesias. Su texto ya estaba prácticamente diseñado en el momento en que la declaración del estado de alarma paralizó su tramitación e incluirá medidas como que las víctimas de abusos puedan presentar acusación hasta que cumplan 45 años para los casos de delitos más graves y no hasta los 33, como ocurre con la ley vigente.