El Gobierno reabre la negociación sobre Netflix para salvar su relación con Esquerra

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el portavoz del grupo parlamentario socialista, Héctor Gómez, además de la vicepresidenta del PSOE, Adriana Lastra, se reunieron este miércoles por la tarde de forma telemática con los dirigentes republicanos Gabriel Rufián y Marta Vilalta, portavoces en el Congreso y el Parlament, el presidente del cosnell nacional, Josep María Jové y el secretario de comunicación, Oriol Durán, para tratar de aproximar posturas y zanjar la crisis abierta a raíz del aviso del Ejecutivo de que las cuotas lingüística pactadas hace diez días con los republicanos a cambio de su apoyo a las Cuentas públicas solo serán aplicables a las plataformas españolas como Movistar o Filmin.

El arreglo no parece sencillo. La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, insistió en una entrevista en Onda Cero, a primera hora de la mañana, en que es la directiva europea que se transpone en su proyecto de ley la que impide que las condiciones que exigen los independentistas catalanes se impongan a empresas radicadas fuera de España. La norma comunitaria se rige, según el Ejecutivo, por el «principio país de origen» lo que significa que las empresas prestadoras de servicios en el conjunto de la UE solo están sujetas a la jurisdicción del estado en el que tienen su sede social.

Esquerra cuestiona que ese elemento no pueda sortearse. Esgrime que la Comisión Europea sí permite regular a cada estado la obligatoriedad de financiar obra europea en su propio país, una «excepción» al principio país de origen que se reconoce y recoge en el propio proyecto gubernamental. «La cuantía de la obligación de financiación anticipada de obra audiovisual europea se calculará en función de los ingresos anuales», se explica en la referencia del último Consejo de Ministros. La tesis de los independentistas catalanes es que podría jugarse con ese margen y fijar un porcentaje de inversión u otro en función del catálogo que las grandes plataformas internacionales dediquen a lenguas cooficiales como, según aseguran, ya hacen Francia e Italia.

Calviño aseguró que el Ejecutivo está «muy abierto» a la negociación, aunque defendió los términos en los que la ley ha sido remitida a la Cámara baja. «Creo que después de una intensa consulta hemos llegado a un buen equilibrio entre el impulso del sector y la protección de nuestras cultura y nuestras lenguas porque nuestro Gobierno está comprometido con la defensa del español y las lenguas cooficiales, no nos tiene que convencer nadie», adujo.

En el encuentro de este miércoles, que se prolongó durante unas dos horas y media, los representantes de Esquerra expresaron su malestar con la situación e insistieron en su intención de presentar enmiendas al proyecto de ley. Fuentes socialistas, que calificaron la cita de «constructiva», aseguran que lo que se constató fue que hay algunas «diferencias de interpretación» sobre el alcance del articulado pero que existe la voluntad firme, por ambas partes, de seguir dialogando para «llegar a un acuerdo cuanto antes» y que ahora celebrarán reuniones de carácter técnico-jurídico para lograrlo.

El objetivo del Gobierno con la ley audiovisual era, fundamentalmente, convertir a España en un 'hub' internacional de referencia en Europa y en el mundo (también con vistas al mercado hispanoamericano) y no quiere introducir trabas a la inversión. La propia ministra Montero insistió en varias ocasiones, durante la negociación de los Presupuestos en ese aspecto y planteó apostar por los incentivos fiscales o ayudas para lograr que las grandes multinacionales se impliquen con las lenguas cooficiales y no las vean como elementos disuasorios para su implantación en España.

Para el Ejecutivo es importante lograr la aprobación de esa normativa en sí misma y sin ERC, que además arrastrará en su posición a EH-Bildu, será muy difícil lograrlo. Para colmo, también Unidas Podemos advirtió este miércoles de que, en estos momentos, está más cerca de votar en contra de la normativa que de hacerlo a favor. El socio minoritario de la coalición denunció, por boca del presidente de su grupo parlamentario, Jaume Asens, que el PSOE no ha contado con ellos y que el proyecto de ley no recoge elementos que consideran importantes como la creación de un organismo supervisor de la pluralidad del sector audiovisual o la prohibición de «privatizar» o «externalizar» servicios informativos.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se mostró, no obstante, tranquila e hizo un llamamiento a la calma. «Estoy segura de que vamos a alcanzar un acuerdo para que esta ley tan importante salga adelante, así que dejemos trabajar a todo el mundo», reclamó en los pasillos del Congreso.

Lo que, en todo caso, hace más perentorio el entendimiento -al margen de que España se enfrenta a una multa de la UE si no transpone la directiva europea antes de final de año- es la enorme relevancia que Esquerra concede a este asunto. En el Ejecutivo juegan con la baza de que también para la Generalitat es importante que los Presupuestos salgan adelante y con que, aunque exista cierto riesgo, los independentistas no tienen tan fácil tumbar las Cuentas en el Senado. Sus opciones serían mayores si Bildu se sumara a su amenaza, pero de momento fuentes de la formación aseguran que no están en eso.

Aun así, los independentistas son, con sus 13 diputados, un socio clave para dar estabilidad al Gobierno en lo que queda de legislatura y Rufián advirtió el martes de que de cómo se resuelva este conflicto depende su apoyo futuro a cualquier iniciativa.