El PP plantea reformar la ley sanitaria para permitir confinamientos masivos

«Sánchez se lavó las manos y se fue de vacaciones en plena segunda oleada sin hacer los cambios legales» que les pedimos en mayo y que, de haberse realizado, podrían haber entrado en vigor este mismo agosto, escribió Casado en redes sociales.

En concreto, el PP propone una modificación de la legislación actual para poder hacer frente a los brotes y contagios por coronavirus sin necesidad de aplicar el estado de alarma, cuyas sucesivas prórrogas no apoyaron en el Congreso. Para ello, incluyeron sus iniciativas en un plan titulado «Activemos España», cuya punto central consiste en «abandonar los procesos excepcionales y aplicar la legislación ordinaria» para llevar a cabo confinamientos quirúrgicos o masivos con todas las garantías judiciales.

Recuerdan los populares que existen tres normas que permiten el Gobierno el «mando sanitario único» más allá del estado de alarma: la ley general de Salud Pública, la ley general de Sanidad y la ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Por su parte, otras tres normas facultan al Ejecutivo a la «limitación de movilidad»: las de Seguridad Nacional, Protección Civil y Salud Pública.

Con respecto a esta última, que data de 1986 y tiene rango orgánico, el PP pide modificar su genérica redacción sobre la posibilidad de aplicar «las medidas que sean necesarias» para dejarla de la siguiente manera: adoptar las medidas para el control de enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos, aislando o tratando y localizando a sus contactos. Asimismo, «limitar las entradas y salidas de zonas afectadas o amenazadas y controlar o limitar el movimiento».

La segunda reforma afecta a la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. El objetivo es que las órdenes sanitarias de las Comunidades Autónomas o del Gobierno central que limiten derechos sean autorizadas por los Tribunales Superiores de Justicia territoriales y por el Tribunal Supremo, respectivamente.

Se dejaría fuera, así, la primera instancia de los juzgados ordinarios que validan o deniegan estas resoluciones de las administraciones, tal y como ha ocurrido con el órgano que ha rechazado ratificar la orden sanitaria de la Comunidad de Madrid que incluía, entre otros aspectos, la prohibición de fumar en la vía pública si no se respeta la distancia de seguridad.