El plan de «concordia» de Sánchez no contempla librar a Puigdemont del juicio

La exposición de motivos de la norma, de 1870, excluye expresamente a los reos de rebelión y sedición de la prohibición de indultar a quienes no hayan sido aún condenados por sentencia firme o se encuentren en rebeldía. «La naturaleza de los delitos de esta clase, el carácter y condiciones de la sociedad de nuestra época, y aun altas consideraciones de gobierno, demuestran la necesidad de esta excepción», dice el texto. En el propio articulado (artículo 3) también se introducen algunas excepciones que podrían ser interpretadas bajo ese mismo prisma, aunque existe discusión al respecto entre los juristas.

El Ejecutivo, en todo caso, no explorará esa vía. «Siempre ha sido criterio del Gobierno que este señor tiene que ser juzgado; y es un elemento que consideramos importante -ha argumentado Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros-. No es de recibo que una persona se haya escapado para no hacer frente a la justicia como han tenido que hacer otros protagonistas del 'procés'». La ministra portavoz ha asegurado así que confía en que Puigdemont sea extraditado para ser puesto ante el Tribunal Supremo «con todas las garantías procesales».

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Los pasos que ahora pretende dar Sánchez, en todo caso, sí podrían beneficiar al expresidente catalán. Montero ha insistido hoy en que «en paralelo» a la tramitación de los indultos, el Gobierno prevé remitir al Congreso la reforma del Código Penal que rebajará las penas correspondientes al delito de sedición por el que fueron condenados nueve de los doce juzgados por el alto tribunal.