El PP pide al Supremo anular la elección de Delgado como fiscal general

«Longa manus» del Ejecutivo. Así se refiere el representante legal del PP a Delgado en una demanda formalizada a finales de julio y que ha trascendido ahora. Las razones expuestas en el escrito de 79 páginas para reclamar que se revoque la designación se resumen en una: el vínculo, a juicio de los populares, entre la actual fiscal y el Gobierno socialista al que pertenecía.

En el texto dirigido a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, el PP recuerda que el cese de Delgado al frente del Ministerio de Justicia se produjo el 12 de enero, dos días antes de que el Consejo de Ministros aprobara su candidatura para dirigir la Fiscalía General del Estado. Aún entonces formaba parte del Grupo Socialista en el Congreso tras haber sido elegida diputada en los comicios del 10 de noviembre de 2019. «¿Cómo se traspasa del sendero del partido –se pregunta la formación conservadora– al de la neutralidad en menos de 24 horas?».

Los populares se sirven, además, de las apariciones de Delgado en la campaña electoral para fundamentar su tesis de «absoluta parcialidad». Hablan de «alineamiento sin fisuras» con los socialistas y recogen frases como: «Hemos sido un partido que ha trabajado por la solidaridad» o «sois la militancia de la que me siento absolutamente enamorada y orgullosa, aun sin ser del PSOE». Pero también denuncian «escasez de mesura» en sus valoraciones sobre otras formaciones y advierten sobre la «aversión» hacia el PP, «al que considera», dicen, «corrupto y en descomposición».

El PP da así por hecho que, «se haya tenido o no el carné del partido», el «conflicto de intereses es palmario», que la Fiscalía, con Dolores Delgado a la cabeza, queda «subordinada al Gobierno», y concluye que la designación es una «afrenta» a la separación de poderes. «Se degrada, se desnaturaliza y, con ello, se entierra el Ministerio Fiscal. Y la muerte de una institución como el Ministerio Fiscal tal y como lo define la Constitución es también la muerte de la Constitución», llega a señalar el escrito.

En la demanda queda, además, reflejada la intervención de Sánchez en RNE en noviembre del año pasado, en la que daba por sentado que la Fiscalía depende del Gobierno. Con todos estos elementos, el PP concluye que el nombramiento «rememora» la Ley Orgánica del Estado de 1967 del régimen franquista, que colocaba al fiscal como mero «órgano de comunicación entre el Gobierno y la Administración de Justicia».