El PP pide a Sánchez e Iglesias que dejen sus cargos por su «pésima» gestión

En relación al cierre de la planta de Nissan en Barcelona, el dirigente popular ha asegurado que las palabras de la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, sobre «prohibir el diésel» ha hecho que «muchas» empresas «vieran a España como país no prioritario».

Además, ha exigido el levantamiento «inmediato» de la cuarentena a los turistas extranjeros, puesto que su mantenimiento pone en ventaja a los países competidores en este mercado con España y que «se alegren de tener el peor gobierno en el peor momento».

Asimismo, García Egea ha considerado un «suicidio económico» que el Gobierno pacte con Bildu derogar íntegramente la reforma laboral y apueste por subir impuestos «a las puertas» de una negociación con la UE para recibir fondos para la reconstrucción económica, que exige reformas «contrarias».

Respecto a la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, el secretario general del PP ha incidido en la idea de que el Gobierno «pretende hacer creer» que va a poder pagar esta ayuda cuando «miles de hogares» llevan dos meses sin recibir ningún ingreso por los retrasos en la tramitación de los ERTE.

El dirigente de los populares también se ha referido al cese del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, al que ha calificado como el «capitán Dreyfuss español», una decisión que es el «epítome de deriva totalitaria» del Gobierno.

«Cesar a quien cumple la ley es un gobierno acabado de una democracia amenazada y en una nación presidida por alguien a la deriva», ha añadido, antes de considerar que la investigación judicial de la gestión gubernamental del 8M es la «cima y la sima» del Ejecutivo.

Para García Egea, la «interferencia» del gobierno en una investigación judicial denota que quiere que los jueces y la Benemérita «sean como CIS de Tezanos o la RTVE de Mateo».

En cuanto a su reunión telemática con los alcaldes del PP en la Región de Murcia, el secretario general de los populares ha abordado la necesidad de que el ejecutivo debe «responder al clamor» de los regidores españoles para que les permita usar íntegramente el superávit municipal para atender las necesidades sociales generadas por la Covid-19.