Pelotas, desobediencia y falta de respeto hacen peligrar la reforma de la ley mordaza

PSOE, UP, ERC, PNV, EH Bildu y Junts han llegado a un punto muerto tras casi un año de reuniones en privado y ahora, si quieren que la reforma de la ley mordaza salga adelante esta legislatura, deben en las próximas semanas llevar un texto consensuado a la ponencia de la Comisión de Interior para luego elevarlo al Pleno antes de que el ambiente preelectoral invada todo y sea imposible un acuerdo.

Pero, a pesar de las prisas, sigue sin llegar el entendimiento. Aunque Unidas Podemos, la formación que con mayor ahínco está intentado acercar posiciones, insiste en que el 98% del texto está pactado, la versión del resto de los grupos es bien diferente. Y el Gobierno, a día de hoy, ni mucho menos tiene los apoyos necesarios para sacar adelante la reforma.

Las espadas siguen en alto en los tres asuntos que se están atragantado a los negociadores desde el pasado otoño. El PSOE insiste – siempre con ulo directo con el Ministerio del Interior- en que no está dispuesto a prohibir por ley el uso de pelotas de goma (artículo 23). ERC, Bildu y Junts aseguran que no van a votar un texto en el que no se vete la utilización de las gomas de caucho y no compran la ‘tercera vía’ de Unidad Podemos: abordar este asunto en una hipotética reforma de la ley de fuerzas y cuerpos de seguridad, que no estaba prevista por nadie.

Sobre la desobediencia (36.6) hubo un acuerdo inicial para considerar que solo la habría si había «oposición corporal» o «fuerza física», pero el PSOE ahora, y tras la consulta al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, no termina de ver claro ahora esa redacción, que tanto molesta a unos sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil cada vez más movilizadas. Los socios de Gobierno, por el contrario, quieren limitar hasta el máximo este concepto, que se usó en decenas de miles de sanciones durante los estados de alarma de la pandemia.

En el 37.4 (falta de respeto) las posturas también parecen irreconciliables y las discusiones –reconocen varias fuentes de las negociaciones- empiezan a ser bizantinas. ERC y Bildu exigen definir de manera estricta los supuestos para sancionar por esa falta de respeto que igualmente sirvió para multar de manera masiva durante los encierros por la covid. Los socialistas no quieren hacer un listado exhaustivo porque temen dejar a las fuerzas de seguridad con las «manos atadas», mientras que UP pretende circunscribir ese ilícito a los «insultos o injurias» directas a los agentes. El PNV, por su parte, apoya que se limite el castigo a las «conductas o expresiones» que desacrediten a los funcionarios.