El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció esta noche, después de su reunión por teleconferencia con el resto de jefes de los Ejecutivos de la Unión Europea, un plan de choque para contrarrestar los efectos económicos del coronavirus, que serán, según sus palabras, serios, contundentes, ... pero transitorios y ante los que, afirmó, «haremos lo que haga falta, donde haga falta y cuando haga falta».
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Estas políticas, según desgranó el presidente en su comparecencia, irán dirigidas a cuatro ámbitos principales. En primer lugar, se tomarán medidas para «proteger el bienestar de las familias trabajadoras», ayudándolas a afrontar los cierres de los centros educativos facilitando reducción de jornadas y ayudas para el cuidado de menores. En segundo lugar, se adoptarán iniciativas para garantizar el suministro y la producción de medicamentos y el acceso al material sanitario. Además, el Ejecutivo buscará apoyar el empleo en un contexto de caída temporal de la demanda con medidas de flexibilidad, tales como las reducciones de jornada, para evitar que las empresas recurran a los despidos. Asimismo, se apoyará al sector productivo, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas con medidas de liquidez, líneas de crédito y moratorias en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, con el objetivo de que estrecheces en el circulante no deriven en problemas de solvencia.
También, aunque sin dar más detalles, Sánchez afirmó que se diseñarán medidas específicas para los sectores del transporte y el turismo, que se están mostrando sensibles y muy vulnerables a la crisis del coronavirus.
Pedro Sánchez calificó estas iniciativas de «meditadas» y de «adaptadas» a la coyuntura que atraviesa el país, en apoyo tanto del tejido productivo como de los trabajadores.
Este paquete de iniciativas que pondrá en marcha el Gobierno para mitigar los efectos del coronavirus sobre los trabajadores y las empresas se prevé que sean consesuadas en una reunión que tendrá lugar entre Sánchez y los agentes sociales, tanto sindicatos como patronal, este jueves, de forma previa a la celebración de un Consejo de Ministros extraordinario que podría aprobar algunas de las medidas acordadas. Según anticipó la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, por la mañana, algunas de estas políticas podrían ponerse en marcha con efecto retroactivo.
En el Consejo de Ministros de este martes el Gobierno ya decretó que todas aquellas bajas laborales de personas contagiadas por coronavirus o en aislamiento preventivo tendrán bajas por enfermedad profesional, no por enfermedad común, lo que permite cobrar a los afectados la prestación desde el primer día, por un mayor porcentaje del salario y con cargo a la Administración.
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El Consejo Europeo trajo alguna novedad, además de declaraciones de intenciones. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, afirmó: «Usaremos todos los instrumentos a nuestra disposición para garantizar que la economía europea resista esta tormenta». Y eso incluye un fondo de 25.000 millones de euros que la Comisión Europea ha comprometido este martes (los primeros 7.500 se liberarán «en los próximos días»). El dinero se destinará tanto al reforzamiento de las redes sanitarias de los Estados miembros como a dar liquidez a las pequeñas y medianas empresas (pymes) de todos los sectores afectados (principalmente turismo y transporte) así como cobertura a los trabajadores que vean peligrar sus empleos, informa Salvador Arroyo desde Bruselas.
La iniciativa comunitaria conecta con las prioridades que el presidente del Gobierno español transmitió en la reunión con sus homólogos europeos y que pasan por la provisión de suficiente liquidez a las empresas del continente, sobre todo a las pequeñas y medianas.
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Asimismo, Pedro Sánchez insistió en la necesidad de que se flexibilicen las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en términos de déficit para los países más afectados por la enfermedad. Respecto a ello, otra de las ideas que trascendió de la reunión del órgano de gobierno de la Unión Europea, informa Arroyo, fue que se interpretarán con la máxima flexibilidad las normas fiscales comunitarias. Eso es lo que Bruselas ya está haciendo con Italia. Este país ya ha informado de que su déficit se desviaría al menos desde el 2,2% previsto hasta el 2,5% como consecuencia de las medidas adoptadas para frenar la propagación del coronavirus.
Montero, en un corrillo con periodistas tras el Consejo de Ministros, afirmó que la mayor benevolencia de las autoridades comunitarias con el déficit podría tomar forma no contabilizando como tal el gasto empleado en la lucha contra la enfermedad y sus consecuencias en la economía.
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