El líder del PP anunció ayer que su formación solicitará la comparecencia en el Congreso de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, por utilizar el Boletín Oficial del Estado –que depende del Ministerio de la Presidencia que dirige ella– como un «panfleto electoral» para «criticar» al ... principal partido de la oposición.
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Pablo Casado calificó de «gravísimo» que el Gobierno aprovechase el preámbulo de una ley órganica, en concreto la que modifica el artículo 315.3 del Código Penal en el que se despenalizan los piquetes informativos en las huelgas para cargar contra el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy, al que acusa de de haber aplicado un «desmantelamiento de libertades» en España por penalizar esta actividad sindical.
Esta afirmación, publicada en el BOE con la sanción preceptiva del Rey, se completa con otra dura arremetida contra la reforma laboral aprobada por los populares, una norma, se sostiene en el BOE, «prácticamente excluyó la negociación colectiva de los trabajadores y que devaluó o directamente eliminó otros muchos de sus derechos».
Y añade que, por ello, «se reforzaron, con ataques directos, todas las medidas que exteriorizaron el conflicto, utilizando la legislación en vigor, como la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, y el artículo 315.3 del Código Penal, en el corto plazo, y trabajando, en el medio plazo, para desplegar un entramado de leyes que asfixian la capacidad de reacción, protesta o resistencia de la ciudadanía y de las organizaciones sindicales hacia las políticas del Gobierno».
Para Casado, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha cruzado «todas las líneas rojas» y lamenta que el Gobierno tenga un medio más para atacar al PP después de hacerlo «desde las televisiones públicas y desde el Parlamento». «Ya es el colmo que también desde el BOE nos insulten», señaló.
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Desde la Moncloa insisten en que el Ejecutivo no puede modificar un texto que llega del Parlamento para su publicación en el Boletín Oficial, y en el Congreso no se eliminaron esas consideraciones. Un argumento que el PP considera una falacia. El diputado Mario Garcés, secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad en la última etapa de Rajoy, defiende que la Presidencia del Gobierno «debe revisar esos textos para evitar» esta situación. En su cuenta de Twitter, Garcés aseguró ayer que a lo largo de su vida «ha redactado leyes y siempre he sido pulcro en su motivación», insistiendo en que «nunca habría utilizado una exposición de motivos para atacar a un partido».
La portavoz del PP en la Cámara baja, Cuca Gamarra, reprochó, por su parte, que el BOE «publique la motivación para legislar del PSOE de Sánchez y sus socios sobre despenalizar la violencia de los piquetes» con «sectarismo y el señalamiento del que defiende otro proyecto político».
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