El Parlament oficializa la baja como diputado de Juvillà

Ambos fueron condenados por desobediencia por negarse a descolgar una pancarta de la fachada del Palau de la Generalitat en el caso del expresidente de la Generalitat y de unos lazos amarillos de la fachada del Ayuntamiento de Lleida en el caso del cupero, apartado momentáneamente de la política para tratarse de un cáncer. Juvillà, no obstante, pidió a la presidenta Borràs que le mantuviera el escaño. Pero la dirigente nacionalista, a pesar de las resoluciones aprobadas por los grupos independentistas en el hemiciclo, ha acabado acatando la orden de la Junta Electoral. El Parlament visualizó ayer la retirada del escaño y la ha oficializado esta mañana.

El viernes pasado, la Junta Electoral dio cinco días hábiles a Borràs, que expiran hoy, para que formalizara la suspensión del cupero como parlamentario, tras ser condenado por el TSJC. La sentencia no es firme y el político anticapitalista recurrió al Tribunal Supremo. Sin embargo, el órgano de arbitraje no ha esperado a la resolución del Alto Tribunal y ha ordenado el cese de Juvillà y ha nombrado ya a su sustituta. Tras días amagando con el desacato, Laura Borràs ha acabado cediendo. Se enfrentaba a una nueva querella por desobediencia, a añadir a la causa que tiene abierta por corrupción y que instruye el TSJC y por la que está imputada por los delitos de prevaricación, fraude a la administración, malversación y falsedad documental.

La Cámara autonómica celebró ayer un pleno para debatir y votar el dictamen que la comisión del estatuto de los diputados aprobó el jueves sobre la situación de Pau Juvillà. En realidad ya eran fuegos de artificio, toda vez que el cupero ya llevaba días suspendido como diputado. El pleno de ayer ratificó, con los votos a favor de ERC, JxCat y En Comú Podem, el dictamen, que, entre otros puntos, constata que «no es aplicable al diputado Pau Juvillà ninguna de las causas de pérdida de la condición de diputado recogidas en el artículo 24 del Reglamento del Parlamento». El texto señala, no obstante, que «el límite a la desobediencia política a la represión del Estado pasa por preservar a los funcionarios de cualquier tipo de responsabilidad penal y contable por la que puedan ser perseguidos». La CUP intentó forzar a Borràs para que permitiera votar a Juvillà, mediante la delegación de voto, pero la presidenta de la Cámara empleó como excusa un artículo del reglamento, según el cual Juvillà no podía votar sobre el dictamen porque le competía de forma directa y podía incurrir en un conflicto de intereses. No era más que una teatralización, pues Juvillà ya había perdido sus derechos como diputado.