La pareja acusada de matar a su bebé en Sevilla se inculpa mutuamente

Fuentes judiciales explicaron que la madre se desvinculó por completo de lo ocurrido, asegurando ante el juez que se ausentó a otra habitación para hablar por teléfono y que, aunque no escuchó nada raro, no se percató de que el bebé estaba inconsciente hasta que fue a la cuna a llevarle el biberón. Por su parte, su entonces pareja negó haberse quedado solo en la habitación con el pequeño, pese a lo declarado en anteriores comparecencias policiales. El menor falleció a causa de un traumatismo craneoencefálico en el hospital a donde fue trasladado de inmediato, y la autopsia apuntó en un primer momento que la causa de la muerte fue un fuerte zarandeo.

Ambos acusados permanecen en prisión provisional desde abril de 2016. Según el relato del fiscal, durante el año anterior, la madre sometió «de forma constante» a sus dos hijos a «todo tipo de insultos a gritos y castigos físicos». Una situación que se prolongó cuando la joven, de entonces 30 años, se mudó con su nueva pareja a la vivienda en la que el chico convivía con sus dos hijos. Según la Fiscalía, los acusados trataron a los dos hijos de la mujer «con absoluto desprecio, insultándoles y agrediéndoles por el simple hecho de que protestaran o lloraran por cualquier cosa».

Así, la tarde del 23 de abril, como el pequeño no paraba de llorar, el acusado le «agarró fuertemente por los brazos» y, «con ánimo de causarle la muerte o, en todo caso, sin importarle que se muriera, lo zarandeó brutalmente, al tiempo que le chocaba sucesivamente la cabeza hasta en tres ocasiones con una superficie plana, dejándole después en la cuna». La madre, que escuchó los golpes y el llanto desconsolado del niño, obvió su obligación de cuidarle y no hizo nada por impedir la agresión o auxiliar al pequeño después.

Además de la pena de cárcel, el ministerio público reclama la inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad por un periodo total de 6 años y 9 meses, y solicita que se indemnice al hermano de la víctima, que entonces contaba con tres años con 101.800 euros a través de la Junta de Andalucía, que ostenta su tutela, y al padre del menor fallecido.