El juez no cree a Bárcenas y absuelve al PP por la destrucción de los discos duros

El Juzgado de lo Penal número 31 consideró que los hechos examinados no revisten responsabilidad penal y, en línea con la posición de la Fiscalía, cerró la causa sin condenas. Ni hubo un delito de encubrimiento de la gerente del partido Carmen Navarro, del abogado Alberto Durán o del informático José Manuel Moreno, ni tampoco hubo daños informáticos (el único por el que el PP se sentó en el banquillo tras aplicarle la llamada 'docrina Botín', la apertura de juicio sin que la Fiscalía acuse).

El juez Eduardo Muñoz de Baena concluye en sus 74 folios de sentencia que los indicios examinados son insuficientes para determinar que los trabajadores del PP destruyeron los discos duros para eliminar cualquier información de la presunta 'caja B'. Además, rebatió la versión dada en el juicio por Bárcenas, a quien no creyó. Señaló que ha quedado demostrado que al menos uno de los dos equipos era del partido, no del extesorero; o que el protocolo de borrado seguro aplicado por el informático se hizo de forma correcta (echando por tierra el dato de que una de las memorias se llegó a sobreescribir hasta en 35 ocasiones para eliminar todo rastro).

A Bárcenas, a quien Dolores de Cospedal llegó a llamar «mentiroso y sinvergüenza» por sus «falsas» acusaciones, el juez le dedica un apartado. Puso en duda si el objetivo de la denuncia que interpuso contra el PP por el borrado -que luego retiró- era «que le fueran restituidos los dos ordenadores que afirmaba como propios, o bien el de recuperar el contenido almacenado» en los mismos.

Recordó que durante la instrucción no dejó claro que su interés estuviera dirigido exclusivamente a la información digital, una «aparente indiferencia» que «contrasta» con lo que afirmó en el juicio: que el contenido era «muy importante para él y para su defensa».

Por lo tanto, estas diferentes versiones, recoge la sentencia, hace que «no sea factible conceder a su testimonio la fiabilidad suficiente para tener por acreditado que había información digital almacenada en los discos duros». No es que crea que faltó a la verdad en todas sus declaraciones, pero el juez opina que «su relato está lejos de reunir las características necesarias para poder actuar como prueba de cargo».

Este agujero probatorio y el hecho de que en la causa nadie pudó acreditar que hubiera indicios de la 'caja B' en la memorias de esos equipos informáticos hizo que el juez se decantase por la absolución. Las acusaciones populares -Izquierda Unida, la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) y el Observatorio de Derechos Humanos- no fueron condenadas a pagar las costas, como pretendía la defensa del PP, y pueden recurrir la sentencia ante la Audiencia Provincial de Madrid.