El informe de la ONU sobre las 'leyes de concordia' provoca otra bronca entre el Gobierno y el PP

En documento, firmado por tres relatores del organismo internacional, da respuesta a la denuncia presentada por el Gobierno contra estas leyes. El Ejecutivo central elevó la cuestión a la ONU al considerar que estas normas son «contrarias» a los valores recogidos en la Ley de Memoria Democrática aprobada la pasada legislatura.

De esa forma, la ONU ha instado al Gobierno de España a que «tome las medidas necesarias» para preservar la memoria histórica frente a las llamadas «leyes de concordia», alegando que pueden «invisivilizar» las «graves violaciones de los Derechos Humanos» cometidas durante el «régimen dictatorial franquista».

«Las llamadas leyes de 'concordia' aprobadas o presentadas para aprobación parlamentaria en las comunidades autónomas de Aragón, Castilla y León, y Valencia, podrían afectar a la obligación del Estado español, incluyendo sus poderes y entidades nacionales o locales, en materia de Derechos Humanos, en particular la obligación de garantizar la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de Derechos Humanos», se lee en el documento de la ONU.

Durante un acto en Figueres, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo ha pedido «no dar por aprobadas leyes que todavía no se han aprobado». «Y decir muy claramente que para el PP los 40 años de Franco han sido una dictadura y ETA es una banda terrorista. Esto es lo que se pretende con las leyes y es nuestro compromiso con la memoria histórica», ha apostillado.

Según explican, estas leyes «ordenan la supresión de múltiples entidades, proyectos, sitios webs y actividades de memoria histórica» y pueden «acarrear límites al acceso a la verdad» sobre el destino o paradero de «las víctimas de graves violaciones de Derechos Humanos» y también pueden «invisibilizar las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas durante el régimen dictatorial franquista, u omiten nombrar o condenar dicho régimen».

Los relatores de la ONU, por su parte, apuntan a la importancia de no discriminar entre tipos de víctimas a la hora de reconocer y dar justicia y reparación a las mismas, si bien señalan que las leyes de concordia podrían llevar a asimilar las violaciones cometidas durante la dictadura franquista y la guerra civil «a un grupo heterogéneo de crímenes o violaciones cometidas por diferentes actores, estatales y no estatales, a lo largo del siglo XX en España», quitándole así el reconocimiento a «las centenas de miles» de personas muertas en ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas cometidas durante el régimen de Francisco Franco.

Los firmantes del documentos son el relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Fabian Salvioli; la presidenta del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Aua Baldé; y el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha reaccionado al informe expresando que lo que hay que «rectificar» es el «revisionismo» de la ley de memoria aprobada por el PSOE «con el apoyo de Bildu, que no condena el terrorismo».

En una entrevista en Antena 3, la dirigente popular ha indicado que «posiblemente» quienes hayan emitido el informe «desconocen» el contenido de las leyes de la concordia pactadas por PP y Vox y que tampoco saben que la Ley de Memoria Democrática «que ha impuesto Bildu» con los socialistas describe al periodo de la Transición como «no democrático».

«Ese revisionismo creo que es el que no merece la sociedad española y es al que el PP le pone todas las pegas, y no sólo eso, sino que tenemos muy claro que la Transición es uno de nuestros mejores periodos en nuestra historia», ha expresado la dirigente 'popular', adelantando que rectificarán allí donde gobiernen «aquellas leyes» impulsadas por el PSOE «de la mano de aquellos que no condenan el terrorismo» y que nieguen «lo mejor de nuestra democracia».