Norman Foster declarará por el desfalco del campus judicial de Madrid

El juez instructor de la causa, Santiago Pedraz, que investiga el millonario desfalco del plan puesto en marcha bajo la presidencia de Esperanza Aguirre, interrogará a Foster, de 86 años, por videoconferencia desde Suiza, donde tiene su residencia.

El magistrado quiere aclarar el cometido del arquitecto tras su contratación en 2006 para construir dos de las 14 edificaciones que compondrían el complejo judicial. Una obra que quedó inacabada y en situación de abandono cuatro años después, habiéndose gastado entonces 355 millones de euros.

Lograr la testifical de Foster no ha sido sencillo.El anterior titular del Juzgado Central de Instrucción número cinco, José De la Mata, libró en octubre de 2020 una comisión rogatoria a Suiza para que averiguara su domicilio y notificar la citación. Una petición que, tras algunas negativas y comunicaciones iniciales con Reino Unido, debía hacerse «con apercibimiento de ser detenido y conducido por la fuerza pública en el caso de no comparecer».

El propio De la Mata quería cerrar el caso con esta testifical y al no poder propuso juzgar a seis investigados: entre ellos el exvicepresidente segundo y exconsejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada, para quien la Fiscalía solicita ocho años de cárcel.

Según explicaba el juez en el auto en el que señalaba su interés en escuchar a Foster, «ha quedado indiciariamente acreditado, entre otros elementos, la ausencia de documentación justificativa del proyecto; la falta de criterios de racionalidad económico-organizativa de la sociedad Campus de la Justicia; la falta de rendición de las cuentas, que fueron presentadas incompletas o fuera de plazo de varios ejercicios; y deficiencias en la información remitida respecto de las inversiones financieras, de tesorería o del inmovilizado».

En este sentido, la policía británica ya indicó en un primer escrito que la Asesoría Jurídica de Foster and Partners, sociedad radicada en Londres, había comunicado que «no tendría problema alguno en proporcionar por escrito la información solicitada por España», pero que no sabía «qué han de hacer para colaborar con la investigación».

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid autorizó el 23 de diciembre de 2004 la creación de la sociedad Campus de la Justicia de Madrid (CJM), una empresa de titularidad cien por cien pública que nacía con un capital social de 7.350.000 euros para poner en marcha el proyecto de unificación de las distintas sedes judiciales. La sociedad fue disuelta el 31 de julio de 2014 con Cristina Cifuentes al frente de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

El procedimiento se abrió en agosto de 2018 cuando el juez admitió una querella de la Fiscalía Anticorrupción, que se basó en un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Madrid de marzo de 2018 que arrojaba diversas irregularidades.

Según el auto que dictó el juez De la Mata, era Prada quien en última instancia tomaba todas las decisiones y «se puso de acuerdo con distintas personas y mercantiles para adjudicar irregularmente a su favor distintos contratos del CJM, elaboraron un plan criminal y pusieron en marcha distintos artificios para llevarlos a cabo».

Junto a Prada, dentro de la estructura directiva de la sociedad se encontraban los acusados Isabelino Baños Fernández (director general técnico), Mariano Sanz Piñar (subdirector técnico), Alicio de las Heras (director de Área Financiera), Félix García Castro (letrado asesor) y Andrés Gómez Gordo (director del área de Seguridad). Este último está también investigado en el denominado 'caso Tándem' sobre las actividades presuntamente irregulares del comisario jubilado José Manuel Villarejo.