El Gobierno suaviza la presión sobre el CGPJ antes de que expire el plazo para renovar el Constitucional

En la reunión celebrada este jueves, los 18 consejeros y Lesmes acabaron admitiendo que no tendría sentido celebrar una votación sin un acuerdo previo y se centraron en fijar las reglas para elegir a los candidatos del tribunal de garantías, pero sin calendario ni perspectiva de que se pongan nombres encima de la mesa de manera inminente. El siguiente paso es que los sectores conservador y progresista designen a sus interlocutores de cara a una futura negociación que demorará el proceso y hará imposible cumplir la letra pequeña de la contrarreforma del PSOEaprobada en junio en el Congreso y que establece que la designación de los dos magistrados debe realizarse en el plazo máximo de tres meses. Esto es, el 13 de septiembre.

Este bloqueo por parte del CGPJ a la renovación del Constitucional eleva la tensión entre el órgano con el mandato caducado desde más de tres años y el Gobierno de Pedro Sánchez, que no ha nombrado a los dos magistrados que le corresponden hasta que el Consejo no postule a los suyos. Se retrasan así los planes del Ejecutivo de cambiar ya la mayoría conservadora por otra progresista en el Constitucional, que tiene aún que resolver cuestiones como los recursos de la derecha contra la ley del aborto o la legislación sobre la eutanasia.

En Moncloa confían, en todo caso, en que las designaciones no se dilaten para evitar también un choque con el Poder Judicial sin precedentes y de consecuencias incalculables. «Tienen un plazo legal que estableció la ley, están trabajando y desde el Gobierno lo único que deseamos –recalcó Bolaños– es que hagan su trabajo con tranquilidad, sin presiones, y que por supuesto cumplan la ley». El ministro rebajaba así el tono contra el CGPJ, por el que manifestó su «máximo respeto» al tiempo que reclamaba al PP que respete los plazos que marca la ley y se avenga de una vez a renovar el órgano constitucional.

Bolaños cuestionó la carta enviada a primera hora por el vicesecretario de Relaciones Institucionales de los populares, Esteban González Pons, en la que emplaza al Ejecutivo a sentarse a negociar la renovación y reforma del CGPJ y del Constitucional. Un gesto impostado, en su opinión, que no lleva a ningún lado. «Es un intento de aparentar de cara a la galería que quieren renovar. Si quisieran renovar de verdad me pueden llamar por teléfono y en una tarde renovamos el CGPJ», replicó Bolaños desde Logroño.

El ministro de la Presidencia lamentó que el documento de once folios remitido por el PP en julio, «para reforzar la independencia judicial», y que González Pons reiteró en su misiva, esté «lleno de excusas, de líneas rojas y de condiciones». «Yo a esos once folios –subrayó–le respondo a Feijóo con tres palabras: cumpla la ley». «O está usted con el estado de Derecho o está usted insumiso al cumplimiento de la ley y de la Constitución», emplazó una vez más al líder del PP.

Tras el órdago lanzado por Lesmes, Génova decidió mover ficha y llevar la iniciativa para restablecer el diálogo con el PSOE, que se rompió después de que los socialistas registrasen la contrarreforma que devolvía al CGPJ la potestad de renovar el Constitucional estando en funciones. Los populares quieren negociar en bloque el Poder Judicial y el TC, como reiteran en la carta enviada a Bolaños, y se quejan de que tras la renovación que está en marcha el tribunal pasaría a tener una mayoría «abusiva» a favor de los progresistas.

En la misiva, el primer partido de la oposición reitera sus requisitos para renovar el CGPJ, que ya incluía el plan judicial que enviaron a Moncloa en julio, y exige primar en la negociación la búsqueda de perfiles que garanticen su despolitización. De manera simultánea a la renovación, el PP propone impulsar una proposición de ley por vía urgente para reformar la Justicia y «despolitizarla». «No nos escudamos en nuestra discrepancia respecto al modelo para obstruir la renovación del órgano», señalan en el texto.

Feijóo, que ha enviado en paralelo otra carta a Lesmes, acusó al Ejecutivo de intentar controlar el CGPJ a través de una ley inconstitucional vaciándole de competencias y prohibiéndole que ejerza sus competencias. «Esa ley es inconstitucional y el Gobierno lo sabe», afirmó. En Génova defienden que su propuesta debe ser la base de la negociación con Moncloa y avisan de ellos ya han movido pieza. «Si nada les vale de lo nuestro, nada nos valdrá de lo suyo», zanjan.