El Gobierno reprocha a Casado trasladar a Bruselas y al Supremo los indultos

En la Moncloa mostraron nuevamente su malestar porque el líder del PP aproveche cada vez que pisa la capital belga para arremeter contra el presidente y su Gobierno. Lo hizo a mediados de junio, en plenas negociaciones para tratar de que la UE alumbrase el acuerdo histórico que dio pie al nacimiento de los fondos de reconstrucción, cuando el PP remitió un documento a varias instituciones europeas en el que acusaba al presidente del Gobierno de retorcer los mecanismos constitucionales y congelar la democracia. En octubre acudió de nuevo a Bruselas para denunciar el nombramiento de la exministra de Justicia Dolores Delgado como fiscal general del Estado y amagó con hacer lo mismo con la reforma del Consejo General del Poder Judicial. «España necesita al líder de la oposición trabajando en España para buscar soluciones a los problemas de España, no comentando los problemas de España fuera de España», se quejó la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya.

Casado aprovechó su viaje para asistir a la cumbre de los populares europeos para acusar a Sánchez de tener «dos caras», una en Bruselas y otra en Madrid, y de «mentir a todos los españoles» al decir en campaña que «nunca jamás» indultaría a los políticos presos por su actuación en los acontecimientos vividos en otoño de 2017. De paso, advirtió a los soberanistas de que «abandonen toda esperanza» de conseguir sus reclamaciones porque Europa no lo permitirá. «Está con una España unida y constitucional», zanjó Casado.

Los conservadores consideran que los indultos serán «un gran fracaso» de Sánchez, que puede terminar por darle la puntilla. De ahí que la dirección nacional del PP haya dado la orden de redoblar la presión contra el Ejecutivo en las instituciones nacionales e internacionales y en los tribunales aunque tampoco dejarán pasar las iniciativas y protestas que venga de la sociedad civil. Los de Casado no quieren ceder terreno a Vox en la defensa del «orden constitucional» y continuarán con su campaña de firmas en las calles, en la que piden también la dimisión de Sánchez, mientras los servicios jurídicos del partido terminan de armar el recurso que presentarán ante el Tribunal Supremo.

Pero la ofensiva desplegada contra los indultos por el principal partido de la oposición no inquieta en exceso al Gobierno. En la Moncloa aseguran estar «tranquilos» porque el Ministerio de Justicia ha trabajado de forma «concienzuda» preparando durante días los expedientes de Oriol Junqueras y el resto de dirigentes independentistas. Defienden que han ido «más allá de lo que le exige la legalidad» al motivar los nueve perdones a pesar de que la modificación de 1988 de la ley de los indultos eliminaba la exigencia de hacerlo.

Aunque sí existe malestar con el PP por querer judicializar una decisión que es política y que es una «prerrogativa» exclusiva del Ejecutivo. «No podemos permanentemente trasladar cuestiones políticas a los tribunales», defendió su portavoz María Jesús Montero, que reprochó a los conservadores que siempre recurran a los tribunales «cuando no están en condiciones de ganar los debates políticos».

La ministra aprovechó su intervención tras la reunión extraordinaria del gabinete, que aprobó la retirada de las mascarillas en los lugares abiertos y la rebaja del IVA en la factura de la luz, para arremeter contra Casado por judicializar los debates políticos y trasladarlos al ámbito comunitario, y también para mostrar la disposición del Gobierno a retomar el diálogo con la Generalitat. Lo hizo con una recomendación a Pere Aragonès para que las propuestas que lleven a la mesa sean «viables, no extremas». Instó al Govern a «dejar atrás» aquellas reclamaciones que no conducen más que a un callejón sin salida, en clara alusión a la amnistía y la autodeterminación. «Todos somos conscientes –remarcó– de los límites que ha puesto el Gobierno».