La mitad del Parlamento catalán homenajea a las «víctimas de la represión»

La presidenta de la Cámara, Laura Borràs, concedió la máxima distinción de la entidad a lo que el secesionismo califica como «víctimas de la represión» del Estado. Son unos 3.500, según los cálculos de los nacionalistas. Las fuerzas no secesionistas, el PSC, Vox, Ciudadanos y el PP, se ausentaron de la ceremonia, al entender que se trata de un acto partidista en el que no estaba representada toda la sociedad catalana. La formación naranja habló de «secuestro» de las instituciones por parte del nacionalismo. Los comunes acudieron pero no apludieron a Borràs.

Los más de 3.000 represaliados del 'procés' es una cifra convertida en un mantra del secesionismo, como el que asegura que el 80% de la población apoya la celebración de un referéndum sobre la independencia. En esa lista de varios miles de personas incluyen a los doce condenados por el Tribunal Supremo, ahora indultados, los 'exiliados' (Puigdemont, Ponsatí, Puig, Comín, Gabriel, Rovira y Valtonyc), la inhabilitación de Quim Torra, las decenas de personas investigadas por el Tribunal de Cuentas, o los más de 700 alcaldes imputados, condenados o procesados por colaborar con el 1-O. También incorporan a la excúpula de los Mossos, juzgada y absuelta por la Audiencia Nacional, a los exmiembros de la Mesa del Parlament, que fueron condenados por desobediencia, los integrantes de la sindicatura electoral del 1-O y los más de 700 ciudadanos investigados en diferentes causas relacionadas con el 'procés', ya sea activistas de los CDR en las protestas o en las acciones de Tsunami Democràtico. En lo que Òmnium Cultural llama el 'mapa de la represión', sitúan también las mil personas que resultaron heridas el 1-O y las cerca de 400 que sufrieron daños en los enfrentamientos con la Policía en las protestas tras la sentencia del 'procés', en 2019.

Uno de los 'represaliados', Roger Español, que perdió un ojo por una pelota de goma, fue muy crítico con las fuerzas políticas catalanas. Borràs llamó a culminar el 1-O y reclamó que la Generalitat retire las acusaciones particulares contra las «víctimas de la represión».