Los miembros de la Mesa del Parlament del 1-O se enfrentan a 20 meses de inhabilitación

Los miembros de la Mesa que presidía Carme Forcadell, que fue condenada por sedición en el juicio del 'procés' en el Tribunal Supremo y más tarde indultada, desobedecieron al Constitucional al tramitar las llamadas leyes de la desconexión, la del referéndum y la de transitoriedad jurídica, que el Parlament aprobó el 6 y 7 de septiembre de 2017, poco antes del 1-O. El Supremo, no obstante, ordenó repetir el juicio. Consideró que dos de los tres magistrados que juzgaron el caso habían vulnerado el principio de imparcialidad al exteriorizar sus posturas antes de dictar sentencia.

La Fiscalía en sus conclusiones finales vuelve a pedir la misma pena de condena de inhabilitación. Las órdenes que les dio el Tribunal Constitucional y que presuntamente desobedecieron fueron «sucintas, pero a la vez claras, concretas y precisas», según el Ministerio Público. La Abogacía del Estado se ha adherido al informe del fiscal. A su juicio, el TC había emitido un mandato «expreso, concreto y terminante» a los acusados para que no admitiesen a trámite iniciativas parlamentarias que podrían ser contrarias a la Constitución. «Queda probado el conocimiento y ese propósito de incumplir», ha rematado.

Los acusados, en cambio, han pedido la absolución. Creen que ya han cumplido la pena, que no tenían voluntad de desobedecer, que actuaron amparados por la inviolabilidad parlamentaria y que se «limitaron a permitir el debate parlamentario», según los abogados de los cuatro exdiputados independentistas, por entonces de la coalición Junts pel Sí, que agrupaba a CDC y ERC.