Los dos meses que agotaron la confianza en De los Cobos

Cuando entró en la sala se hizo el silencio. Su rictus, muy serio, no pasó desapercibido. Se dirimía un procedimiento administrativo por una falta muy grave contra un agente de la Guardia Civil. Una causa que podría suponer su expulsión del cuerpo. El testigo en cuestión era su jefe. Saludó al instructor y se dirigió a la silla. Pero antes de declarar, clavó su mirada en el expedientado. Luego bajo la cabeza y le advirtió, en un tono audible para todos los presentes, que uno de los calcetines que llevaba no era el reglamentario.

El agente se estaba jugando su carrera y lo primero que escuchó de su superior, en un momento de gran tensión, fue una amonestación verbal por incumplir el código de vestimenta. Ni el instructor del caso, que era un capitán, tuvo el coraje de responder a esta salida de tono. «En la Comandancia de Madrid había perdido bastante consideración por su manera de ejercer el mando», comenta una persona conocedora de su impronta.

El testigo era el coronel Diego Pérez de los Cobos, responsable de la Comandancia de Madrid, a donde llegó en abril de 2018 como cargo de libre designación con el visto bueno del ministro del PP Juan Ignacio Zoido. Éste había prescindido poco antes de sus «impecables» servicios en la dirección de Interior, donde había pasado 11 años. Su papel durante el 'procés' en Cataluña, donde fue nombrado por la autoridad judicial coordinador policial del referéndum del 1-O, le puso en el foco nacional. Pero el resultado de aquel desafío, las imágenes de las cargas en los colegios, le acabó pasando factura.

De los Cobos ya no era un coronel más dentro de la Guardia Civil. A sus 57 años, su camino solo tenía un final: entrar en el selecto grupo de generales. Algo que no había logrado su amigo el coronel Manuel Sánchez Corbí, jefe de la UCO cesado por el actual ministerio de Fernando Grande-Marlaska por pérdida de confianza. Pero cuando el oficial murciano se las deseaba felices, la pandemia se cruzó en su destino.

El 23 de marzo de 2020, nueve días después de declararse el estado de alarma, la juez de Madrid Carmen Rodríguez-Medel admitió la denuncia de un particular sobre la presunta responsabilidad penal del delegado del Gobierno en la autorización de decenas de concentraciones, entre ellas las marchas del Día de la Mujer del 8 de marzo, pese a la existencia de un informe europeo que llamaba a evitarlas.

Esta causa, bautizada como la del 8-M, apuntaba al dirigente socialista José Manuel Franco. Pero la «pieza mayor» era la cara del Ejecutivo en el momento más letal de la crisis sanitaria: el doctor Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencia de Sanidad, a quien PP y Vox habían puesto en la diana.

La juez Rodríguez-Medel, hija y nieta del cuerpo, decidió comisionar como Policía Judicial no a la Policía Nacional ni a la UCO de la Guardia Civil, sino a la Comandancia de Madrid. Así fue como Pérez de los Cobos entró en escena en un momento social y político convulso. Durante los dos siguientes meses se desarrollaron una serie de acontecimientos que explicarían su cese, según detallan dos fuentes conocedoras de estos hechos.

El primer contacto del coronel con el equipo de Grande-Marlaska se produjo para «comunicar las novedades» sobre el desarrollo de la investigación judicial, a principios de abril. Se llevaron a cabo las primeras diligencias y a las dos semanas el coronel volvió a informar de que la juez no realizaría nuevas pesquisas hasta finalizar el estado de alarma. Entre medias, un informe forense ya apuntaba que no se podía acreditar la «causalidad» entre las marchas y los contagios.

Durante las siguientes semanas hubo un intercambio de información entre la Delegación del Gobierno y el juzgado. Hasta que el jueves 22 de mayo, el Ejecutivo desayuna con un informe de los subordinados de De los Cobos publicado por 'El Confidencial'. El coronel no avisó sobre la remisión del documento, que apuntaba a la responsabilidad de Fernando Simón por conocer la gravedad del virus y sugería que el entonces ministro Salvador IIIa también lo sabía.

Por vez primera, Simón estaba cerca de «sentarse en el banquillo de los imputados» para conmoción del Gobierno. La oposición se congratulaba. Mientras tanto, De los Cobos ya no contestaba a las llamadas de sus superiores políticos pidiéndole explicaciones. ¿Por qué no informó del envío del documento al juzgado? ¿Había mentido con las otras comunicaciones? Eran las preguntas sin respuesta.

48 horas después el documento llegó a manos del Ejecutivo y una primera lectura les permitió respirar tranquilos: los indicios que contenía eran «muy vagos». El hecho objetivo es que la juez no se atrevió a citar a Simón como imputado y tres semanas después acabó archivando la causa al delegado Franco. Fin del asunto.

El lunes 24 de mayo se comunicó la decisión de Interior: De los Cobos era cesado por pérdida de confianza. La juez reaccionó, trató de sacar la cara por el jefe de la Comandancia de Madrid y remitió esa misma tarde un escrito al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, a la sazón juez de carrera. Le advirtió -bajo mención de posibles responsabilidades penales- de que había dado «orden expresa» a la Policía Judicial de guardar «rigurosa reserva» sobre la evolución de las pesquisas. Es decir, sobre su contenido, no sobre el desarrollo. Una circunstancia que la Audiencia Nacional destacó este martes en la sentencia que consideró legal su cese.

«El coronel perdió el control de la situación, instrumentalizado por la batalla política de la pandemia. Luego renunció luego a una defensa profesional» de su puesto, incluso el hecho de pedir su restitución en medio del procedimiento judicial fue «ilógico» y «sonó a bravata», resumen las fuentes policiales y judiciales consultadas. El anhelo de De los Cobos era conseguir la primera estrella, pero esta semana se desvaneció para siempre.