La Ley de Memoria entrará en vigor este viernes

Se trata de una norma que reemplaza a la Ley de Memoria Histórica de 2007 aprobada bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y con la que, sostienen desde el Ejecutivo, se «salda una deuda pendiente con las personas que lucharon por la democracia y por la libertad». «A partir de ahora, nuestra democracia es una democracia más digna», aseguró ayer el Ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, el miembro del Ejecutivo que sustituyó a la exvicepresidenta Carmen Calvo al frente del proyecto de esta ley, una de las más emblemáticas para Pedro Sánchez esta legislatura.

Aunque la realidad es que el articulado de la misma ha levantado ampollas en la oposición desde el inicio de su tramitación. También en parte de la izquierda, quien quería incluir –con Esquerra a la cabeza– la derogación de la Ley de Amnistía de 1977. Esta se había convertido, a su juicio, en una herramienta para «blanquear los crímenes franquistas». Pero finalmente el PSOE no atendió tal exigencia al esgrimir que dicha ley fue una «reclamación histórica de la oposición antifranquista».

Aunque el principal reproche al que el Gobierno ha tenido que hacer frente –por parte de PP, Vox, Cs y UPN– es el hecho de haber requerido el apoyo de Bildu. Uno de los puntos del texto que más polémica ha generado es el relativo a investigar los posibles crímenes cometidos en la Transición. PSOE, EH Bildu y Más país alcanzaron un acuerdo para incluir en la norma crear una comisión que estudie vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983. Un periodo que, en su año final, incluye el inicio de los GAL y los primeros meses de Gobierno de Felipe González –el expresidente del Ejecutivo dijo no «sonarle bien» dicha parte–.

Otro de los puntos más relevantes del texto que entra hoy en vigor es el de buscar a los desaparecidos de la Guerra Civil y la dictadura franquista. La Administración General del Estado se compromete por primera vez a la búsqueda activa de los 114.000 desaparecidos en ese periodo. La ley también suprime 33 títulos nobiliarios y grandezas de España concedidos por el franquismo y el postfranquismo entre 1948 y 1978. E introduce modificaciones en el campo educativo, actualizando los contenidos curriculares de ESO, FP y Bachillerato para reflejar la «represión que se produjo durante la guerra y la dictadura».

El Valle de los Caídos, por su parte, pasará a llamarse Valle de Cuelgamuros. Y se contempla la creación de un inventario estatal de lugares de memoria democrática. El libre acceso a los archivos relativos a hechos ocurridos entre el golpe de julio de 1936 y la entrada en vigor de la Constitución en diciembre de 1978 también pasa a ser una realidad. Asimismo, el artículo once de la nueva norma garantiza el reconocimiento a las mujeres que tuvieron un papel activo en la vida intelectual y política en su lucha contra el Franquismo. Y por último, se redefine el concepto de víctima, abriendo una ventana a que sean consideradas como tal exilados, trabajadores esclavos, represaliados por su condición sexual, guerrilleros antifascistas, creyentes de otras religiones perseguidos o niños adoptados sin consentimiento, entre otro